Supera ya la categoría de preocupante el silencio que aflora desde las filas socialistas valencianas en cuestiones que sí han contado con el pronunciamiento de otras federaciones. Me refiero al espinoso asunto del nuevo modelo de financiación autonómica. Sabemos que la propuesta de los socialistas catalanes, apoyada por el PP valenciano, ha enervado a dirigentes socialistas de otras autonomías, entre ellas la andaluza, la extremeña y la castellano – manchega. Los valencianos, inmersos en la preparación de su próximo Congreso, ni están ni se les espera.

Esperemos que en breve entre en funcionamiento la Oficina Parlamentaria de la vicepresidenta y diputada por Valencia, Teresa Fernández de la Vega, y que tanto malestar interno está generando en la sede del PSPV, para al menos saber qué piensan los diputados y senadores socialistas valencianos con escaño en Madrid.

CANTE JONDO

Cuando el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dio a conocer, va a hacer ahora un año, la composición del nuevo Consell tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, provocó algunas sorpresas con los nombramientos efectuados, tanto por el plano perfil político de algunos/as de los elegidos, como por los que, contra todo pronóstico, se quedaron fuera, como por las carteras asignadas a otros. En el último caso figuraba el conseller Rafael Blasco, quien se vio agraciado/agraviado con una cartera de nueva creación – la Conselleria de Inmigración – cuyas competencias, hasta entonces, habían recaído en una modesta dirección general dependiente del departamento de Bienestar Social. Bautizado como “el conseller en patera”, recuerdo haber escrito un artículo en el que mantenía que en breve tiempo Blasco – a quien ni sus mayores enemigos niegan una alta capacidad política para diseñar estrategias – convertiría la patera en un transatlántico. Ya lo ha hecho.

Hemos asistido estos días atrás a un terremoto informativo provocado por una comparecencia de Blasco en Les Cortes en la que avanzó el diseño de un “Compromiso de Integración” dirigido a los inmigrantes extracomunitarios que viven en la Comunitat. Este “Compromiso”, llamado por todos “contrato”, quedará recogido en una nueva ley autonómica (de Integración de los Extranjeros) que deberá ser aprobada por el Parlamento. Con su anuncio en sede parlamentaria, la polémica quedaba servida.

La iniciativa de Blasco, lanzada en plena crisis interna del PP a cuenta del liderazgo de Mariano Rajoy, evoca la propuesta electoral de los populares de crear un “Contrato de Integración” para inmigrantes dada a conocer por Rajoy en la campaña de las generales. La promesa electoral obtuvo un notable apoyo social, no solo entre los votantes del PP, a tenor de lo reflejado por las encuestas publicadas durante la citada campaña.

Mucho se ha rumoreado estos días sobre el malestar que ha cundido en la sede de la Presidencia de la Generalitat por el elevado tono de las críticas vertidas contra el proyecto de Blasco, a las que su sumaron el rechazo explícito de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, también del PP, y las declaraciones del obispo de Sigüenza, quien en nombre de la Conferencia Episcopal – nada más, y nada menos – rechazó el proyecto liderado por el conseller valenciano.

Hace falta no conocer a Blasco para pensar que el anuncio hecho en las Cortes Valencianas no había sido previamente consensuado con el presidente de la Generalitat quien, conocedor de los pasos que iba a dar su conseller, avaló la iniciativa.

En cuanto a la Iglesia, las aguas volverán a su cauce, seguro. Blasco ya se ha entrevistado con el cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, para darle detalles del proyecto de Ley que se prepara desde su departamento. Con todo, sigue siendo significativo el silencio mantenido por el prelado valenciano y la ausencia de apoyo público a una iniciativa del Consell de Camps con el que las sinergias han sido constantes desde el primer momento en multitud de asuntos. Desde el Consell recuerdan que son organizaciones cercanas a la Iglesia que atienden a inmigrantes las principales beneficiadas por partidas económicas de dinero público de la Generalitat destinado a tal fin.

El momento elegido por Blasco para anunciar el Compromiso de Integración y el proyecto de ley de Integración de los Extranjeros se defiende desde su entorno como el más apropiado. Por un lado, porque ha obligado al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a entrar en una materia que no figuraba en su agenda política más inmediata. De hecho, el ministro de Trabajo, el catalán Celestino Corbacho, ha citado hoy a Blasco en la sede del Ministerio, en Madrid, para tener un intercambio de impresiones sobre la delicada materia de la inmigración. Por otro lado, también hoy la Comisión Europea dará a conocer a los representantes de los veintisiete miembros de la UE un borrador de directiva que pretende unificar los criterios que rigen en cada uno de los países en materia de expulsión de los extranjeros que residen ilegalmente en territorio europeo. Algo tendrá que decidir el Gobierno de España cuando la cifra que se maneja de inmigrantes ilegales en España puede alcanzar en breve la cantidad de un millón. De ellos, 90.000 están en la Comunitat.

Con todo, creo que Blasco ha cometido un error: nadie sabe, una semana después de su intervención parlamentaria, cuáles son los contenidos del proyecto de Ley de Integración de Extranjeros, en qué va a consistir el Compromiso de Integración – más allá del “buenismo” que desprende su enunciado – y, sobre todo, y muy importante, cuál va ser la dotación económica que se le va asignar y de dónde va a rascar el Gobierno valenciano los fondos que se precisan.