La primera jornada de las diez previstas en el juicio del caso Fara fue rápida y silenciosa. Ocho de los 15 acusados por el supuesto desvío de 1,2 millones de euros en subvenciones públicas a las cuentas privadas de los dirigentes de la Federación Andaluza de Asociaciones Romaníes (Fara) se acogieron a su derecho de no declarar.

En el grupo de los silenciosos se encontraba el principal imputado, Vicente Rodríguez, ex presidente de la asociación, así como el asesor fiscal de la agrupación, Victoriano García. De los siete acusados restantes, en su mayoría empleados de Fara, seis sólo respondieron a las preguntas de sus abogados defensores, que se centraron en desvincular a sus clientes de las tomas de decisiones dentro de la ONG.

Sólo el último de los imputados citados, el médico y empresario Raymond Huri, accedió a contestar a las preguntas del fiscal. Huri fue interrogado por una serie de facturas sobre compra de supuesto material escolar. El ministerio público considera que estas facturas, de 26.400 euros sirvieron para camuflar la venta de obras de arte con cargo al dinero subvencionado.

A la salida de la primera jornada de la vista oral, Vicente Rodríguez aseguró que todas las acusaciones son “mentira” y que responden a los “intereses de unas multinacionales gitanas para que los gitanos dejen de llevar sus temas”.