La Comisión someterá mañana a los representantes de los Veintisiete un borrador de directiva que unifica los criterios para expulsar a los extranjeros que residen ilegalmente en territorio europeo. Aunque el documento se negocia desde 2005, su irrupción en la agenda coincide con un endurecimiento general del discurso en materia de inmigración. Algunos Gobiernos de la Unión, como los de Francia e Italia, desean que la Comisión respalde sus políticas, concediéndoles, así, un marchamo de respetabilidad que las absuelva de las derivas populistas.
Otros Ejecutivos, como es el caso del español, pueden ceder a la tentación de responsabilizar a esta directiva de unos cambios en la política de inmigración que buscan contrarrestar la ofensiva del Partido Popular en esta materia. Mañana, el Gobierno de Zapatero tendrá que optar con todas sus consecuencias: o se inclina por ocultarse detrás de la Comisión para resolver el debate interno sobre inmigración, o rechaza un borrador de directiva que resulta difícilmente compatible con el Estado de derecho.

Pretendiendo limitar los excesos en algunos Estados miembros, que no contemplan siquiera un tiempo máximo de permanencia en los campos de inmigrantes, el borrador de directiva acaba por refrendar condenables figuras jurídicas que se dan en otros socios, como la retención o la detención administrativa. En este sentido, puede que el propósito del borrador sea mejorar las condiciones de los inmigrantes en algunos países, pero no deja de resultar inaceptable que, para ello, convalide que se encierre a una persona hasta 18 meses sin otra garantía que un control judicial de la situación “en el plazo más breve posible”. Y otro tanto cabe decir de los menores no acompañados, a los que se podría mantener en los campos de inmigrantes durante ese mismo año y medio si se dan determinadas circunstancias. La excusa de que los campos de inmigrantes no son exactamente centros penitenciarios no es de recibo: un lugar vallado y vigilado por las fuerzas de seguridad, al que una persona es conducida a la fuerza y albergada también a la fuerza, puede recibir múltiples nombres, pero eso no cambia su naturaleza.

La Unión Europea, como otras regiones desarrolladas del mundo, tiene que hacer frente, sin duda, a los problemas derivados de la presencia de trabajadores extranjeros que residen y son empleados de manera ilegal. Pero no al precio de poner en entredicho el Estado de derecho; no al precio que, implícitamente, hace pagar el borrador de directiva que se somete mañana a los Veintisiete. Durante los años de bonanza económica se consintió el empleo de extranjeros que entraban irregularmente en Europa, y ahora que las tornas han cambiado no se puede pretender que los efectos de aquel error se subsanen por vías expeditivas. Será difícil desactivarlos, y es encomiable el propósito de la Comisión por encontrar un remedio. Pero este remedio, no.