Las rentas superan en Euskadi la media europea, pero eso no impide que cerca de 43.000 personas sobrevivan sin tener cubiertas sus necesidades más elementales, que 182.000 ciudadanos sufran una «privación importante» de recursos económicos o que 10.000 vivan inmersos en una «grave pobreza». Casi la mitad (41%) de las víctimas de la exclusión social son inmigrantes. Los hogares encabezados por mujeres y por personas muy jóvenes también figuran en los perfiles prevalentes de quienes tienen grandes dificultades para llegar a final de mes.

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, presentó ayer la estadística de demanda de servicios sociales, elaborada tras efectuar 4.500 encuestas a otros tantos hogares vascos durante el último trimestre de 2006. Sus conclusiones revelan que el 8,5% de la población vasca vive sumida en la pobreza o en sus umbrales, un porcentaje que se ha reducido a la mitad desde el año 2004.

En cifras absolutas, 134.000 personas «no se sienten capaces de hacer frente a desembolsos extraordinarios que le puedan venir», y 53.600 no disponen de unos ingresos mensuales suficientes para los gastos habituales. «El sistema vasco de protección social y de inserción está funcionando bien, pero todavía hay demasiadas personas que no llegan al nivel de vida del que disfruta la mayoría de ciudadanos», enfatizó el consejero.

El informe contempla tres grados de privación económica, desde la más grave a la que está circunscrita «sólo» a los gastos relacionados con el ocio. Los casos más extremos son los afectados por una «privación multidimensional», en la que concurren varias carencias: dificultades de alimentación, uso de ropa de segunda mano, impagos, cortes de suministro (luz, agua…) o la necesidad de vender patrimonio para hacer frente a necesidades básicas. Con estos dramas cotidianos viven alrededor de 42.269 personas en Euskadi. El dato para la esperanza es que esta cifra se ha reducido a la mitad desde 2004.

También el número de hogares que registran una situación de privación parcial de aspectos básicos – es decir, que carecen de uno de los citados bienes- ha disminuido del 11,7% al 5%, al igual que los que presentan alguna dificultad relacionada con los gastos de ocio, que han pasado del 1,8 al 1,5%. Estos descensos se explican, según el consejero Azkarraga, por la favorable evolución del mercado laboral, con unas tasas de desempleo que están ya en niveles de paro técnico (por debajo del 5%). No obstante, el estudio estadístico detalla que el 3,7% de la población en edad de trabajar tiene problemas de inserción, bien porque son parados de larga duración (más de un año y medio), trabajan en la economía sumergida o no tienen permiso de trabajo.

Pobreza subjetiva

La mejora en la situación también se refleja la «pobreza subjetiva», que es la percibida por los propios encuestados: entre 2004 y 2006 la población que se considera pobre pasa del 3,2% al 1% y la que se cree «más bien pobre» del 4,4% al 2%, mientras que la que opina que su situación es «confortable» crece del 43,9 al 58%.

El estudio constata, en todo caso, que la mayor parte de los afectados son extranjeros. «La pobreza y la privación se concentran de forma desproporcionada entre la población inmigrante», apuntan. Representan apenas al 5% del censo total en Euskadi, pero su «peso» entre la ciudadanía con problemas económicos graves es nada menos que del 41%.

En otras palabras, «uno de cada cuatro» hogares que registra «alguna forma de privación grave» está encabezado por extranjeros, frente al 1% de hogares «autóctonos» que tienen problemas para llegar a final de mes. Además de inmigrantes, muchos de quienes tienen serios problemas económicos son jóvenes. El informe subraya que un 11,5% de la población vasca quiere independizarse para formar un hogar, pero no puede hacerlo por problemas económicos, a pesar de que la mayoría tienen un empleo.

El consejero Joseba Azkarraga abogó ayer por elevar la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) para que se pueda incrementar la ayuda en forma de renta básica sin que ambas se equiparen, porque entonces el efecto sería contraproducente: la percepción de la ayuda desincentivaría la inserción laboral del beneficiario.