El Ayuntamiento de Laukiz ordenó la pasada semana la paralización de unas obras de reforma iniciadas por la Diputación vizcaína en un edificio de propiedad foral ubicado en los terrenos que ocupó hasta 2004 la sociedad forestal Oihanberri, cerca de los chalés de Unbe y de la hípica de Laukiz. Los trabajos pretenden adecuar el inmueble con el fin de incluirlo en la red foral de pisos de acogida para menores, pero el Consistorio defiende que «los terrenos están calificados para un uso deportivo» y además asegura que la constructora contratada por la Diputación «ha comenzado las obras sin obtener la licencia municipal».

Los movimientos institucionales para dar un uso al edificio comenzaron hace ya seis meses. Según relató un portavoz municipal, «un aparejador de la Diputación se acercó a nosotros para consultar qué usos se le podían dar a los terrenos y le explicamos que están catalogados para el uso deportivo». El departamento de Agricultura gestor hasta entonces del solar informó al ejecutivo local de que la parcela iba a pasar a manos de Acción Social, probablemente para habilitar un piso de acogida para menores. Semanas después, un bufete de abogados consultaba de nuevo, en nombre de la Diputación, qué calificación urbanística tenía la finca. «El arquitecto municipal emitió un informe de suelos que determinaba que sólo podía albergar un equipamiento deportivo», insistieron ayer desde el Ayuntamiento. Hace un mes «la empresa Bideak solicitó una licencia de obras para remodelar el inmueble. Para ello, sólo presentó un presupuesto y en el plazo de tiempo en el que estábamos analizando la concesión, comenzaron los trabajos sin permiso».

Fueron los vecinos de la zona quienes advirtieron al Consistorio de que se estaban ejecutando unas obras en la finca «y el miércoles pasado, el abogado urbanista emitió el informe de paralización». Para el Ayuntamiento llueve sobre mojado. «En esa finca hay varios edificios que se construyeron sin licencia para la empresa Oihanberri. Desde 2002 estamos solicitando por carta que se regularicen, ya que no hay ningún problema para legalizarlos y que paguen las tasas como todo hijo de vecino».

En estas semanas, la constructora «ha tirado todo el interior del edificio y ha levantado cinco huecos para dormitorios, un amplio salón, cocina y dos baños», describieron desde el Ayuntamiento. Esta decisión de la Diputación ha disgustado tanto a los responsables municipales el alcalde declinó ayer manifestarse sobre el asunto hasta conocer la versión de Acción Social como a los residentes en Laukiz, el municipio con la renta más alta de Euskadi. Los vecinos temen la conflictividad que un centro de menores puede llevar a la localidad. «Con todos los problemas que ha habido en Loiu y Orduña, no queremos que nos ocurra lo mismo y tener que estar con la escopeta cargada», comentó un residente. El rumor de una posible apertura de un centro de acogida corrió como la pólvora «y los bulos son bulos hasta que ves las obras. Puede que vengan chavales y no causen ningún problema. Pero ¿y si no es así?».

Rechazo popular

Lo cierto es que, en los últimos tiempos, la Diputación ha tenido que recurrir a inmuebles de su propiedad para poder ampliar su red de hogares para menores, muchos de ellos inmigrantes, ya que ninguna institución o particular acepta ceder un edificio para un fin que puede resultar conflictivo y despertar el rechazo vecinal. De hecho, ya se han producido varios casos similares al de Laukiz en los que el departamento de Agricultura deriva a Acción Social la utilización de determinados terrenos para este fin. Ocurrió con los centros del Vivero y Arcentales.

Tras la decisión del Ayuntamiento de Laukiz de paralizar las obras, la Diputación recordó que «se trata de una vivienda de nuestra propiedad y solicitamos una licencia de obras para su rehabilitación y reforma». La institución foral remarcó que los trabajos no implican ninguna modificación externa del edificio y que independientemente de que el planeamiento municipal determine un futuro uso deportivo para la finca, «actualmente la Diputación es la propietaria y, por lo tanto, tiene derecho a arreglar la vivienda».

Además, niegan haber pasado por alto la obtención del permiso de obra. «Solicitamos la licencia y, pasado el plazo legal, no obtuvimos contestación. Eso supone un silencio administrativo, es decir, un silencio positivo que autoriza los trabajos». La Diputación anunció ayer que recurrirá la orden de paralización de las obras.