La necesidad de tener un trabajo para mantener su permiso de residencia en España e incluso acceder a la regularización por arraigo lleva a muchos inmigrantes a pagar hasta 9.500 euros por contratos falsos que son expedidos por empresas que, en la mayoría de los casos, no tienen actividad y se han constituido expresamente para hacer negocio y lucrarse con este colectivo. Aunque varias operaciones policiales han logrado destapar estos entramados, se hace precisa una mayor actuación por parte de los cuerpos de seguridad para perseguir estas prácticas ilegales, que terminan volviéndose en contra del inmigrante. De hecho, la Oficina de Extranjería rechazó el año pasado 200 peticiones de regularización tras descubrir irregularidades en los contratos laborales presentados.