Al precio que sea, y que en algunos casos ha llegado a situarse en los 9.500 euros. La obligación de contar con un contrato de trabajo para renovar los permisos de residencia conseguidos y también para acceder a la regularización por arraigo empuja a algunos inmigrantes a comprar falsas ofertas de trabajo, expedidas por empresas que en la mayoría de los casos no tienen actividad y que se han constituido expresamente para hacer negocio y lucrarse con la necesidad ajena.

En otros casos, es el propio empleador el que exige al inmigrante un dinero para hacerle el contrato y, más frecuentemente, que sea él mismo el que afronte el pago de la Seguridad Social.

«Compra de contratos de trabajo hay, pero queremos dejar claro que la inmensa mayoría de las ofertas que se presentan a la regularización por arraigo son ciertas. A nosotros acuden muchos empleadores preguntando por los pasos que deben seguir», afirma José Luis Rodríguez, asesor jurídico de Málaga Acoge, que considera que uno de los motivos que puede empujar a un inmigrante a pagar por un contrato pasa por los requisitos que debe tener el mismo y que están recogidos en la Ley de Extranjería.

Un trabajo durante al menos un año y 40 horas semanales, si quiere acogerse al arraigo. Así deben ser la oferta laboral. «En la situación actual de crisis económica y con el parón en la construcción puede resultar muy difícil cumplir con los requisitos», considera el abogado, que también hace notar que, al menos la Oficina de Extranjería de Málaga ha puesto en marcha mecanismo para frenar estos fraudes, como el hecho de que sea el propio empleador el que deba presentar la oferta en este organismo.

Casos frecuentes

Para la Policía Nacional, en cambio, la compraventa de falsas ofertas de trabajo sobrepasa con mucho la excepcionalidad. Así lo afirma Alejandro Gil de Sola, inspector jefe de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif) de la Comisaría de Málaga: «La venta de ofertas se da, y mucho. Tanto para los que ya están aquí y quieren renovar o acogerse al arraigo, como para los que están fuera y quieren venir», asegura. Por los casos que relata, las ofertas se realizan para diferentes tipos de actividades y también con diferentes precios.

Uno de ellos, por ejemplo, hace referencia a la actuación que esta unidad desarrolló contra una supuesta asociación peruana sin ánimo de lucro, y a la que se bautizó con el nombre de Huascarán, un pico nevado ubicado en la cordillera de los Andes. En este caso, la red se centró en renovaciones de permisos y presentaron más de 300 ofertas de trabajo, en muchos casos para mediadores culturales, un presunto oficio por el que cada inmigrante pagó unos 500 euros.

Servicio de catering a domicilio. Esta era la actividad para la que el propietario de un restaurante de Marbella, brasileño de nacionalidad italiana, solicitaba mano de obra femenina. La investigación de la Ucrif determinó que no había tal servicio y que en realidad, las ofertas de trabajo habían sido pagadas al exorbitante precio de 9.500 euros por más de una 20 de mujeres que ejercían la prostitución y que querían conseguir la residencia, según explica Gil de Sola.

Aunque sin alcanzar esos precios, la operación ‘Cerco Andamio’, que se desarrolló el años pasado y que corrió a cargo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, sobresale por la magnitud de su entramado. Los artífices llegaron a dar de alta unas 90 empresas, que no tenían actividad y que aparecía repartidas por Málaga, Gerona, Tarragona, Almería, Murcia, Granada y Cádiz. Sus responsables vendieron unas 2.300 ofertas de trabajo para la construcción, a un precio que oscilaba entre los 600 y los 1.000 euros: «En este caso los inmigrantes sabían que no había trabajo, porque les decían que una vez en España, debían buscarse la vida», afirma el inspector de la Ucrif.