Un estudio del Gobierno Vasco constata que el 11% de la población quiere formar un hogar y no puede

Donostia. La mitad de los hogares vascos que se convierten en triste escenario de las formas de privación más graves y lacerantes por falta de medios económicos pertenecen a inmigrantes, un dato que resulta especialmente llamativo teniendo en cuenta que el colectivo, a pesar de su progresiva implantación, ni siquiera representa a día de hoy el 5% de la población vasca.

En más de 3.500 viviendas del País Vasco se vive de un modo habitual el penoso trance de no tener garantizado siquiera el alimento, de soportar los rigores del frío debido a la deplorable situación en la que se encuentran las destartaladas moradas, amén de un sinfín de penalidades para llegar a cubrir las necesidades más básicas. Son más de 10.000 las personas que se levantan cada día en Euskadi obligadas a vivir esta encrucijada, y el 40% de ellas son inmigrantes.

El consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, presentó ayer en Donostia los resultados de la primera Estadística de Demanda de Servicios Sociales, elaborada tras realizar 4.500 encuestas en hogares vascos durante el último trimestre de 2006.

pobreza subjetiva En un contexto global, el estudio refleja “la notable disminución de la pobreza subjetiva” – aquella que es percibida por los propios encuestados – , que desciende del 3,2 al 1% entre la población que se considera “pobre”. Del mismo modo, el número de personas que ha dejado de vivir una situación de “privación multidimensional”, que generalmente aboca a la reducción del gasto en necesidades básicas, también se ha reducido a la mitad, de 80.983 a poco más de 42.269 afectados.

Dentro de la evolución de la pobreza en el bienio 2004 – 2006, que Azkarraga llegó a calificar de “positiva”, no se puede obviar el hecho de que las personas extranjeras sean las más afectadas, una realidad reflejada año tras año en informes tan solventes y cercanos a esta realidad como los que elabora Cáritas.

El hecho de que un 21% de los hogares encabezados por personas extranjeras presenten problemas multidimensionales de privación frente al 1% que afecta a las moradas encabezadas por personas autóctonas no pasó desapercibido ayer para el abogado y miembro de SOS Racismo Mikel Mazkiarán, quien lamentó las consecuencias que, a su entender, está trayendo consigo una Ley de Extranjería demasiado “severa”.

“La situación está afectando de un modo especialmente grave a las mujeres de procedencia extra comunitaria, muchas de las cuales se ven abocadas a la marginalidad. Si queremos acabar con esta situación es preciso facilitar de una vez por todas el acceso al mercado de trabajo”, valoró.

El propio informe viene a avalar esta impresión y constata que la mayor prevalencia de las situaciones graves de privación se está dando en hogares encabezados por mujeres – en un 6,2% de los casos, frente al 2,3% de los hombres – y en personas cada vez más jóvenes, frecuentemente por debajo de los 35 años.

En cualquier caso, parece evidente que la pobreza y la privación se concentran de “forma desproporcionada” entre la población inmigrante.

privación y desempleo La estadística también pone de manifiesto la estrecha relación existente entre esa privación y el desempleo. Así, el 3,7% de la población vasca en edad de trabajar – 53.880 personas – tiene algún problema especial de inserción laboral, y llega a soportar por ello la precariedad del empleo sumergido o, simplemente, acaba convertido en un parado de larga duración.

En el 5% de los hogares vascos, en torno a 38.500 viviendas, se encuentra alguna persona que por mucho que busca no encuentra el empleo deseado y observa el futuro como lo más similar a un nubarrón negro.

Todo ello, tiene un “doloroso” peaje. De hecho, un 11,5% de la población vasca asegura que quiere formar un hogar independiente y no puede hacerlo acuciada por unos problemas económicos que se antojan insalvables, a pesar de que tres de cada cuatro afectados están ocupados.

En algunos casos la única alternativa es recurrir a las prestaciones de renta básica y Ayudas de Emergencia Social (AES), que percibieron el 4,1% de los hogares vascos durante el bienio analizado.

Para paliar esta cruda realidad Azkarraga apostó por continuar reforzando las políticas de activación socio – laboral, derivando a los perceptores de estas ayudas sociales hacia los servicios de empleo, de manera que puedan acceder a puestos de trabajo de mayor calidad.

El consejero insistió en la necesidad de aumentar el salario mínimo interprofesional – competencia del Gobierno estatal – y posibilitar el acceso a una vivienda que merezca el apelativo de digna.