No es una prioridad para el Gobierno ni iba en el programa del PSOE para las elecciones, pero Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración, no llevaba dos semanas en el cargo cuando abrió la caja de Pandora: la posibilidad de ampliar el derecho al voto a los extranjeros no comunitarios.
Corbacho ha hablado de «limitaciones legales y jurídicas», residencias de ocho o diez años y «clara voluntad de permanencia», pero más allá de estos matices, la realidad es que cada cierto tiempo los socialistas ponen sobre la mesa la posibilidad de ampliar el derecho al voto. Ya lo hizo el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en el verano de 2006 con una proposición no de ley que se aprobó en el Congreso para pasar a dormir el sueño de los justos.

mercado de votos
Los partidos se muestran muy cautelosos en esta cuestión, y no es para menos. A ninguno se le escapa el importantísimo mercado de votos que supondría abrir las puertas a más de dos millones de electores que, en algunas grandes ciudades, podrían decidir el gobierno municipal. Pero también deben actuar con cuidado si no quieren ponerse en contra a su electorado aprobando una medida que les enfrente a sus filas. Corbacho ha reconocido que ésta no es una cuestión que interese a los ciudadanos, cuya máxima preocupación en estos momentos es cómo superar la crisis económica y enfrentarse al desempleo.
Si se llevase a cabo la reforma, para las elecciones municipales de 2011 el censo electoral se incrementaría en al menos en 2.039.836 personas, los extranjeros no comunitarios que tendrán edad para votar entonces. En total, los extracomunitarios que vivían en España a 31 de diciembre de 2007 eran 2.357.218, según datos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

Dos millones más
Aunque lo importante de estas cifras es lo que implicaría en las ciudades con mayor número de extranjeros entre su población con edad para votar. En ayuntamientos como el de Madrid, con 57 concejales, y en el que para lograr un edil en las últimas municipales hacían falta unos 26.700 votos, los 238.210 extranjeros empadronados en la capital decidirían nueve representantes.
En Almería, los más de 13.000 extranjeros empadronados con edad para votar, según datos de 1 enero de 2007, «colocarían» a cinco de los 27 concejales. Mientras, en Málaga, donde hay empadronados 35.920, de los 31 ediles del ayuntamiento, designarían a entre cinco y seis.
Una influencia similar tendrían en la zona de Levante, donde se concentran gran parte de los extranjeros que residen en España -la Comunidad Valenciana alberga a 460.608, y la Región de Murcia, a 160.417.

Poder en Levante
Así, en Valencia, donde en los comicios locales de 2007 los concejales se «cotizaron» a 11.400 votos, los 87.030 extranjeros que podrían votar decidirían entre siete y ocho concejales de los 33 que conforman el consistorio. En Alicante, por su parte, el «poder» de los extranjeros sería algo mayor, ya que de los 29 ediles que hay, sus 35.217 inmigrantes designarían a entre ocho y nueve.
En Murcia hay alrededor de 43.000 extranjeros con edad para votar, y elegirían a seis o siete de los 29 concejales que hay en el ayuntamiento.
Aunque la ciudad en la que el voto de los extranjeros tendría más peso es Barcelona. Para el Ayuntamiento de la Ciudad Condal se eligen 41 concejales, y de ellos 17 estarían en manos de sus 230.269 inmigrantes, si se tienen en cuenta que en las últimas municipales hicieron falta alrededor de 13.400 votos para conseguir un edil. Es decir, el voto extranjero decidiría más del 40 por ciento del ayuntamiento.

reformar la constitución
Un poder nada desdeñable en las grandes ciudades con mayor población extranjera, algo que, más allá de ampliar los derechos de los ciudadanos extranjeros que viven en España, se encuentra detrás de la «reflexión» de los socialistas. No hay que olvidar que, a priori, el PSOE se haría con la mayoría del voto inmigrante.
De momento, los únicos extranjeros que pueden votar en España en las municipales y en las europeas son los ciudadanos de países miembros de la UE.
La Constitución, en su artículo 13.2, establece que sólo los españoles tendrán derecho al voto «salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales». Esto implicaría acuerdos para que los ciudadanos de otros países puedan votar en nuestras elecciones y que los españoles que residan en los mismos también los hagan allí. De momento, se han suscritos acuerdos con Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Noruega, pero sin haber hecho efectivo el derecho al voto ni de sus nacionales ni de los españoles residentes en estos países, ya que en ocasiones la propia legislación de esos estados impide a sus ciudadanos votar aquí.
En un caso como el de Marruecos, por ejemplo, que es el país que más personas exporta a España 622.960 marroquíes residen aquí de manera regular la posibilidad de un acuerdo de reciprocidad para que los españoles puedan votar en el país alauí se antoja impensable.
Para eliminar ese escollo habría que reformar la Constitución, un trámite aún más complejo que requeriría del consenso de los dos grandes partidos.