¿Le parece bien que los inmigrantes voten en las municipales?

SI

Ante el interrogante de si deben votar los inmigrantes no comunitarios cabe recordar que la participación política de los extranjeros en las elecciones municipales ya está recogida en nuestra Constitución, siempre sujeta a un criterio de reciprocidad, por lo que lejos de ser una idea de vanguardia, constituye ya un derecho reconocido en la Carta Magna. El debate debe replantearse sobre si reconocemos ese derecho a los extranjeros no comunitarios residentes en España, con independencia de que los países de los que son nacionales reconozcan también este derecho a los españoles residentes en sus países.

La participación de los ciudadanos en la vida pública es el fundamento de un sistema democrático que se articula e instrumenta en torno al ejercicio de distintos derechos: entre ellos el de asociación, libertad de expresión o de información, y de modo preferente el derecho de sufragio activo y pasivo: el derecho de elegir y de ser elegido como representante político. Para el pleno desarrollo de nuestro sistema político y democrático debemos caminar socialmente hacia el mayor reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas y la mayor eficacia en el ejercicio real de los mismos.

Los residentes extranjeros no comunitarios forman parte real y efectiva de nuestra sociedad: están sujetos a las mismas obligaciones legales, fiscales, de cotización a la Seguridad Social y, sobre todo, suponen una ingente aportación humana para la sociedad española. Con el reconocimiento del mencionado derecho de sufragio se consolida el proceso de integración social de este colectivo en nuestra sociedad, evitando la exclusión que supone el desinterés por las cuestiones decisivas de la vida pública, garantizando que se incluyan en la agenda política de los representantes municipales la inmigración y sus retos no sólo como un problema de seguridad ciudadana o de mercado laboral, sino en sus distintas dimensiones.

Con el reconocimiento del derecho a participar en las municipales garantizamos que el desarrollo de la comunidad se realice de modo equilibrado, justo y solidario, y posibilita trabajar por la supresión de toda discriminación que pueda afectar a cualquier individuo o colectivo de nuestra comunidad. Mantener realidades de exclusión legal y social pone en peligro la convivencia y la paz social.

Debemos superar el binomio nacionalidad – participación política porque así nos lo exige el mundo globalizado. Los extranjeros no residentes conforman nuestra comunidad, no podemos reducirlos a la categoría de trabajadores, porque erramos en el diagnóstico de la inmigración. Aunque la legislación de extranjería proporciona una visión reduccionista de la inmigración asimilando inmigrante con trabajador – la creación del nuevo Ministerio de Trabajo e Inmigración no hace sino consolidar esa visión – , la realidad desborda ese punto de vista: hoy en día el proyecto migratorio de las personas que llegan a España tiene una vocación de continuidad y estabilidad.

Esa vocación se traduce en una mayor presencia de las personas inmigrantes en la vida local. Las municipales tienen una especial importancia, ya que en ellos son elegidos los representantes políticos más cercanos; aquéllos cuyas decisiones tienen una incidencia más directa y palpable en la vida cotidiana.

Por eso entiendo que las elecciones locales son el instrumento idóneo para avanzar en el derecho a la participación política de las personas extranjeras y, por tanto, a intervenir directamente en los asuntos que afectan a su comunidad, en la que viven, en la que pagan sus impuestos, cotizan y colaboran con su trabajo a la prosperidad europea.

Del reconocimiento de la plena participación política sólo se derivan beneficios para la sociedad española, avanzando en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas que residen en España, avanzando en el pleno desarrollo de nuestro sistema democrático, garantizando el desarrollo justo y cohesionado de nuestra comunidad, eliminando el riesgo de exclusión social y legal y consolidando la paz social.

Patricia Fernández Vicens es abogada de la Coordinadora de Barrios.