“¿Qué es lo que quieren? ¿Que renunciemos a nuestras costumbres? ¿Que nos asimilemos? ¿Que seamos una fotocopia del nacional? Aquí de un pueblo a otro cambian las costumbres. Entre usted mismo y su hermano hay diferencias”.

Mimi Boughaleb, marroquí, portavoz del Foro Alternativo de la Inmigración, agrega: “¿Tengo que ser fallero para vivir aquí? Pues no quiero. Porque odio las fallas igual que muchos valencianos odian las fallas y se van en cuanto empiezan. Mi hija, en cambio, es fallera porque ella lo ha decidido”.

Eso, más o menos, pensaban los representantes de asociaciones de inmigrantes consultados por este periódico. Que en España, un Estado social y democrático de derecho, tal y como lo describe la Constitución, las leyes se cumplen y las costumbres (siempre que no contravengan a las primeras) se eligen.

Eso pensaban hasta que primero el candidato del PP Mariano Rajoy en campaña electoral, y esta misma semana la Generalitat, plantearon que los inmigrantes deberán firmar (o serán invitados a hacerlo) un documento donde se comprometerán a respetar las leyes y las costumbres valencianas y españolas.

“Para un inmigrante es importante conocer las leyes, la Constitución, y la normativa vigente”, tercia Manuel Lino, que es abogado, angoleño, lleva 21 años en Valencia y trabaja en el departamento de inmigración de UGT. “Pero para conocer las leyes no hay que firmar contratos, sino organizar cursos donde se expliquen. Estoy seguro de que muchos acudirían, y yo el primero”. “Si como dice la Generalitat, lo que pretendía era mejorar la integración, ha fracasado, porque lo que está haciendo es asustar a los inmigrantes. No voy a decir que estén fomentando el racismo, pero sí que están generando mucha más tensión de la necesaria”, añade.

Y Blanca Orozco, presidenta de la Asociación de Colombianos en Valencia, apunta: “No te imaginas cómo ha aumentado el número de personas que vienen a pedirnos información”.

El “compromiso de integración” valenciano, tuvo que admitir el consejero de Inmigración, Rafael Blasco, no tendrá efectos jurídicos porque la Generalitat carece de competencias para ello. Pero, deslizó, sí puede producir “efectos sociales y pedagógicos”.

Con eso, aunque desde una perspectiva opuesta a la que el consejero Blasco reconoce en público, está de acuerdo Mimi Boughaleb: “Por el simple hecho de firmar ya habrá una discriminación. Porque será una forma de hacer al otro diferente. De decirle: ’No eres como yo, no tienes mis derechos, eres un ciudadano de segunda categoría”.

La población inmigrante representa más del 16% de la población valenciana, sin contar a los irregulares, según la Generalitat. Pero al contrario que los ciudadanos de la UE, los extracomunitarios, que es a quienes va dirigida la ley del Consell, no pueden votar ni en las elecciones municipales.

Blanca Orozco opina que ahí reside el sentido de la iniciativa: los extranjeros son cada vez más numerosos pero no pueden participar, y eso los convierte en el chivo expiatorio perfecto: “Si pudiesen votar, y muchos que nos hemos nacionalizado ya lo hemos hecho, no se dedicarían a hablar tanto de estas cosas”, afirma. Y se aventura a dar un (discutible) paso más: “Si hubiese podido votar toda la comunidad inmigrante, el PSOE habría logrado la mayoría absoluta; ya estamos cansados de oír el mismo discurso del PP”.

¿Y por qué?, pregunta Marisel Solante, de la Asociación de Amigos de Colombia, el Consell pretende que los inmigrantes se comprometan por escrito a respetar los derechos humanos mientras los partidos ultras concurren a los comicios haciendo bandera de la xenofobia.

Los trabajadores extranjeros regulares, afirma Boughaleb, contribuyen mucho a la Seguridad Social, porque necesitan estar afiliados para renovar los papeles. Por el mismo motivo se cuidan de cometer delitos. Y como en un alto número tienen más de un pagador, Hacienda les remite el borrador de declaración, aunque no alcancen el mínimo para pagar el impuesto sobre la renta. “Cumplimos con nuestras obligaciones”, añade Lino, “pero solemos ser los que pagamos los platos rotos”.

“No queremos que se nos mire con lástima, pero sí que se respeten nuestros derechos”, afirma Paulina Cardona, de 37 años, diplomada en Magisterio Infantil en Ecuador, empleada en una cafetería de Valencia, y miembro de la asociación Rumiñahui.

Con los extranjeros, sigue, pasa como con los valencianos: algunos imitan enseguida las costumbres del entorno y otros van más a la suya. “Yo tengo una hija que lleva tres años siendo fallera. Dos hijos que entrenan con el Spórting de Benimaclet, donde jugó Gavilán, y son del Valencia. A mí me gusta el Levante. Mi marido y yo participamos en los sindicatos, reclamando salarios dignos no sólo para los inmigrantes. Queremos que no haya maltrato contra la mujer, pero no sólo entre las inmigrantes. Y vemos ese contrato innecesario”, resume Cardona.