La crisis está poniendo a muchas familias con rentas bajas en condiciones económicas límite para afrontar el pago de las cuotas bancarias de sus hipotecas. El Ayuntamiento de Gandia ha recibido en los últimos dos meses 67 peticiones de propietarios que han solicitado acogerse a una iniciativa municipal que ofrece a los particulares adquirir sus viviendas, mediante subrogación de la hipoteca, y les da la posibilidad de permanecer en ellas en régimen de alquiler.

El Consistorio abrió la propuesta con la compra de la vivienda de Ramona Pulido, una mujer de 58 años de edad, divorciada, madre de dos hijos, y que vivía de una pensión mínima por minusvalía de 312 euros al mes. Pulido acudió a la Agència Municipal de l’Habitatge tras más de siete meses de intentar buscar una solución a una situación económica insostenible. Su pensión no le permitía hacer frente a la subida de los intereses de su hipoteca. Y no quería abandonar su piso, que antes fue de sus padres. Acudió al banco, tanteó aumentar el plazo del pago de la hipoteca, buscó “todas las opciones” y, desesperada, recurrió a los servicios sociales municipales y a la agencia municipal de la vivienda para pedir ayuda. Expuso su situación, y tras unos meses de estudiar el caso le plantearon una solución: el Ayuntamiento adquiría su vivienda y ella pasaba a pagar un alquiler público, ajustado a su situación económica. Ramona Pulido perdía la propiedad de la casa, pero conseguía reducir la cuota de 750 euros de hipoteca a 150 euros de alquiler y, lo más importante, explica, podía seguir viviendo en la casa en la que se crió y que se resistía a abandonar por su valor sentimental. Ahora asegura sentirse “aliviada” de la losa que le pesó durante meses. “Y es lo único que podía hacer”, reconoce resignada.La publicidad del caso de Ramona Pulido en la prensa sirvió de reclamo para un importante número de familias residentes en la ciudad en una situación similar. La Agència Municipal de l’Habitatge tramita en estos momentos 67 expedientes de particulares o familias que ofrecen la venta de sus viviendas al Ayuntamiento porque no pueden hacer frente a las hipotecas, 40 de ellas con la posibilidad de acogerse a la medida de la que se ha beneficiado Ramona Pulido, subrogar la hipoteca al municipio y permanecer en la vivienda en régimen de alquiler.

Según explica Joan Antoni Juàrez, agente mediador de la oficina municipal que coordina el programa de viviendas públicas en la ciudad, el 70% de los casos son inmigrantes con residencia permanente en la ciudad, y el 30% restante nacionales, la mayoría familias numerosas y jubilados con pensiones mínimas. Un 94% de los casos responden a particulares que adquirieron la vivienda en un momento en el que los bancos facilitaban los créditos con pocos miramientos, “pero la nueva situación estructural, con la subida de los tipos de interés, les ha llevado a una situación de exclusión”, asegura Juàrez.

La medida, señala Vicent Torres, responsable de la Agència Municipal de l’Habitatge, se ajusta a la legislación que regula las Viviendas de Protección Oficial (VPO), y al plan municipal que promociona esta oferta y los alquileres públicos de viviendas en la ciudad. Por ello, para acogerse a este programa, los interesados tienen que cumplir una serie de requisitos. Los pisos no pueden superar los 90 metros cuadrados, y el precio de venta de la vivienda no deberá sobrepasar los 125.000 euros. Además, cada caso cuenta con un informe de los servicios sociales municipales, y se establece un protocolo de prioridades.

La Agència Municipal de l’Habitatge estudia en estos momentos cuatro expedientes que se ajustan a los requisitos que marca el Ayuntamiento y podrían acogerse a medidas como la adoptada por Ramona Pulido. Uno de los casos es el de un pensionista, separado, con una pensión mínima de 328 euros, ingresos con los que además de hacer frente al pago de la vivienda y gastos cotidianos, mantiene a una hija. El Ayuntamiento llevará en las próximas semanas varios de estos casos a la comisión de Urbanismo para su aprobación, y poder sumarlos al plan de compra de viviendas particulares con la intención de ampliar la oferta pública de VPO.