«Hemos llegado a detectar un caso en el que la policía estaba esperando en la calle a que una familia de inmigrantes saliera de su casa para pedir los papeles y abrir un expediente de expulsión». La afirmación la realiza Elena Muñoz, presidenta de Málaga Acoge, una organización que ha denunciado lo que considera un incremento de la presión policial sobre este colectivo en la provincia, especialmente en zonas como Antequera, Fuengirola, Estepona y Marbella.

Según la asociación, en el caso de Antequera, la situación ha generado un gran temor en el colectivo de inmigrantes, «hasta el punto de que muchos no salen de sus casas y realizan cualquier gestión del día a día a través de compatriotas que están en situación legal». La presidenta asegura que el miedo puede llegar incluso a provocar que algunas familias no lleven a sus hijos al colegio, por temor a ser detenidos.

Mayor presión

Elena Muñoz considera que esta mayor presión policial responde a la nueva política del gobierno: «Se produce a raíz de las declaraciones de Zapatero en las que habla de recesión económica, instando a los inmigrantes a regresar a su país».

La presidenta de Málaga Acoge aclara que en ningún momento se ha detectado que la policía se exceda en sus atribuciones, un hecho que recoge el propio comunicado de la asociación: «La acción de la policía, si bien se mantiene dentro de los márgenes de lo establecido por la legislación vigente en materia de Extranjería, puede tener efectos importantes sobre la normal convivencia en estas localidades».

La organización no gubernamental explica que ya ha informado de esta situación a la Subdelegación del Gobierno, en una reunión conjunta mantenida con la Plataforma de Solidaridad con el Inmigrante y la Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes. Además cita el estudio realizado por un historiador brasileño sobre la situación de sus compatriotas en Antequera: «El pánico creado en los extranjeros sin papeles puede estimular el absentismo escolar por parte de los hijos de los inmigrantes, implicar la disgregación de muchas familias, generar miedo a buscar los servicios de salud o a denunciar situaciones de abuso contra las mujeres y contra los derechos de los trabajadores».

«Málaga Acoge reclama que cese la presión policial en tanto en cuanto entorpece la vida de estos ciudadanos y criminaliza a unas personas de cara a la población de acogida, situación nefasta para la convivencia pacífica», concluye la asociación.