“claro que reconozco la debilidad del sistema de protección de menores extranjeros. ¿Cómo no va a fallar ante una realidad tan cambiante que nos exige una actualización constante?”. El intenso debate que tuvo lugar el martes en Ordizia, organizado por el sindicato ESK, aireó buena parte de las carencias y los problemas que “lastran”, al menos de puertas adentro, el buen funcionamiento del sistema de protección de menores extranjeros en Gipuzkoa.

El propio director de Infancia de la Diputación, José Ignacio Insausti, quien tuvo que emplearse a fondo, admitió que para superar “parte de la debilidad que existe hoy en día”, es preciso dotar a los educadores de un convenio laboral que dignifique el sector. Ellos reclaman más referencias, un asidero para desarrollar su labor.

La mesa redonda contó con la presencia de la alcaldesa de Segura, Maixabel Telleria; el profesor del Centro de Iniciación Profesional (CIP) de la Fundación Peñascal de Tolosa, Guillermo Malkorra; Ester García, educadora de centros de menores y el miembro de SOS Racismo Peio Aierbe,

Como decía Insausti, quizá es fácil hacer crítica de una red de recursos que Gipuzkoa casi se ha visto obligada a improvisar, al albur de los constantes cambios, y que hasta hace bien poco no existía. Pero lo cierto es que parece evidente, al menos después de escuchar a los educadores, que al protocolo de actuación que se viene aplicando le queda mucho camino por recorrer.

“El problema es que ni las instituciones ni las empresas nos escuchan a quienes estamos las 24 horas con los chavales. La gente tiende a pensar que acabamos quemadas por los menores, pero nada más lejos de la realidad. La mayor parte de ellos son maravillosos, el problema es que las empresas que gestionan el sector están dando palos de ciego. Nos explican todo fatal. Hay educadores que han llegado a trabajar un solo día, algo que acaba frustrando a los menores. Eso no puede ser. ¿Cómo vamos a trabajar en esas condiciones?”, manifestaba la joven.

Expuso varios ejemplos recogidos de su experiencia diaria que explican en buena medida por qué, al menos para ella, el sistema hace aguas. “Los menores nos tienen aprecio, algunos son lo mejor que hemos conocido, pero el problema viene cuando cometen alguna infracción, como puede ser el robo de 20 euros. En esos casos, cuando les imponemos una medida correctiva, frecuentemente viene una instancia superior y nos contradice. ¿Cómo queda el menor ante esa situación? ¿Cómo quedamos nosotros? Al final, más que en educadores nos convertimos en administradores que nos limitamos a dar la paga”, lamentó la joven.

La educadora, quien dijo no hablar sólo a título personal, aseguró haberse sentido “pisoteada” tras un sinfín de ocasiones en las que trató de ponerse en contacto con la empresa que explota el servicio. “Nunca contestaba”.

gestión más eficaz

Arbitrar recursos

El miembro de SOS Racismo Peio Aierbe llegó a calificar de “lamentable” la situación que están viviendo los educadores de estos centros. “Es evidente que la Diputación hace cosas”, admitió, “pero es que es su obligación”. El integrante de la asociación demandó a renglón seguido una gestión de este tipo de servicios mucho más satisfactoria y eficaz, y puso ejemplos que vienen a demostrar que algo falla. “No puede ser que en dos meses hayan pasado por los centros de Zaldibia e Idiazabal ya 43 educadores. ¡Pero qué es esto! Hace falta arbitrar los recursos necesarios para marcar un itinerario”.

Y agregó que los menores están demandando actualmente la creación de otro tipo de recursos y de redes de profesionales más estables, pero para lograrlo “los educadores tiene que dejar de ser el último mono”. “No es posible que estén trabajando en unas condiciones en las que se ven obligados a dormir en el sofá en una situación que parece no preocupar las empresas. Si no tenemos en cuenta todas estas cuestiones, nunca acabaremos con el problema, sobredimensionado”, agregó.

La solución, en cualquier caso, no resulta nada fácil. El director foral expuso que del 10% de los chavales que “están dando problemas”, en torno a un 3% resulta “irrecuperable”. Aierbe no tardó en replicar. "El problema es que no se admiten los problemas. Tener esa interpretación de las cosas es la manifestación más palpable del fracaso. Lo que hace falta es hablar con las personas que trabajan ahí dentro ", insistió el miembro de SOS Racismo.

Insausti repasó las diferentes etapas a las que se ha ido enfrentando el territorio en la gestión de este nuevo fenómeno y reconoció que uno de los “verdaderos problemas” al que se han tenido que enfrentar viene marcado por el continuo goteo de inmigrantes menores de 16 años y por el reto que ello conlleva. “En un principio tenían entre 16 y 18 años, pero de la noche a la mañana comenzaron a llegar por debajo de esa edad, incluso alguno con menos de nueve. Todos vienen con la idea de trabajar, y se encuentran con la barrera de la educación obligatoria”, reconoció.

ponerles nombre y apellido

Marcar un itinerario

En este punto, Guillermo Malkorra precisó que “el mayor golpe” se produce con los chavales que tienen menos de 14 años con los que sólo cabe la escolarización y no se pueden aplicar programas de reinserción laboral complementarios. “Lo más importante es conocerles, ponerles nombre y apellido y caer en la cuenta de que son chavales que, en ocasiones, su proyecto migratorio acaba difuminándose porque se ven obligados a estudiar. Por eso es importante ser coherentes con ellos y plantearles un itinerario muy marcado”.

Se mostraron de acuerdo, en todo caso en que si la acogida a los centros de menores extranjeros fuera siempre tan cálida como la que ha dispensado la localidad de Segura, el estigma, sin duda, no pesaría tanto como lo hace estos días. La alcaldesa de Segura repasó “aquellos primeros rumores” que empezaron a correr por el pueblo en relación a la apertura de un centro de acogida en su localidad. “Después de lo ocurrido en Tolosa, quisimos brindarles la bienvenida más acorde, y creo que al final podemos decir que lo conseguimos”, reconocía.