Reformas pendientes de sanción presidencial

El Congreso mexicano aprobó ayer por unanimidad eliminar la pena de cárcel contra las personas que ingresen de forma indocumentada a México.

La medida fue aprobaba ayer en la Cámara Baja, un día después de que el Senado la aprobó.

La nueva legislación convierte a la inmigración ilegal, usualmente de centroamericanos, en una ofensa menor castigada con multas equivalentes a entre $475 y $2,400.

El legislador Antonio Díaz Athié informó que la Cámara de Diputados envió al presidente Felipe Calderón la reformada Ley General de Población para que sea publicada en un máximo de 40 días y para su entrada en vigor.

En breve, en vez de cárcel, los indocumentados pagarán multas en salarios mínimos, pero las mismas son conmutables a trabajos comunitarios, explicó el legislador en Chiapas.
Sin claridad en aplicación

Sin embargo, aún no está claro cómo será aplicada esta normativa y en qué condiciones, explicó el senador por Chiapas, Rubén Fernando Velázquez López.

Tenemos que incluir una tipificación correcta de la aplicación de las multas, ya que en caso contrario el migrante estaría sujeto al estado de ánimo del que aplique la sanción, explicó.

El comisionado de Derechos Humanos de México, José Luis Soberanes, afirmaba recientemente que en la práctica los indocumentados no iban a parar a la cárcel, pero sí daba la pauta para actos de corrupción y extorsión a los migrantes. Velázquez es consciente de ello y reconoce que a pesar de la derogatoria de cárcel siguen siendo cláusulas que pueden fomentar la corrupción.