El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha dado por zanjada la crisis entre España y Brasil por la expulsión mutua de viajeros en los aeropuertos: “Estas cuestiones puntuales ya están resueltas”, afirmó ayer durante una visita a Brasília. “Después de los malentendidos, se produjo un cierto desencuentro en la cooperación consular. Pero ya hay una buena cooperación que garantiza el flujo de ciudadanos con la legalidad y la seguridad que requieren las relaciones humanas”, añadió Moratinos.

El jefe de la diplomacia española y su homólogo brasileño, Celso Amorim, hicieron un primer balance de las medidas que habían acordado en una reunión en Madrid en febrero, durante la crisis por el rechazo de viajeros brasileños en Barajas que provocó similares gestos por parte de Brasil.
Entre estas medidas, destaca promover la información sobre los requerimientos para viajar de un país a otro, así como el envío de agentes españoles en los aeropuertos de Brasil para ayudar a las autoridades a establecer si un viajero reúne las condiciones para poder entrar en España. Moratinos subrayó que hay cada vez más tráfico de viajeros entre ambos países, por lo cual es aún más necesario una buena cooperación. “Creemos que todo va bien”, concluyó.

La negativa a dos estudiantes

La crisis comenzó el pasado 5 de marzo con la expulsión del aeropuerto de Barajas de dos estudiantes que iban a Lisboa por “motivos académicos”. La denegación de entrada de los dos jóvenes, que aseguraron tener la documentación y la solvencia económica exigidas, encendió la alarma de Brasil.

A partir de ese momento, se sucedieron las quejas de brasileños retenidos en Barajas. En concreto, denunciaron “vejaciones” de la Policía y “arbitrariedad” de los agentes de la frontera a la hora de permitir la entrada en territorio español. Incluso se dieron situaciones en las que los retenidos esperaban una semana en la sala de inadmitidos de Barajas hasta el siguiente vuelo de la compañía con la que llegaron. Entonces Brasil endureció los criterios de entrada a extranjeros.

España culpó de las crisis a la información sobre cambios en los criterios de admisión: un aumento de 300 a 540 euros de la cuantía mínima de solvencia económica a acreditar.