Rafael Blasco, consejero de Inmigración y Ciudadanía, recordó ayer que el contrato para la integración “no es una ocurrencia”, sino que es “coherente” con el programa que el PP ofreció en las últimas elecciones generales. Concedió que el efecto jurídico de la norma es prácticamente nulo: “En teoría, todos los residentes en la Comunidad Valenciana tienen derecho a la prestación de todos los servicios”. Pero reivindicó el “efecto social” de la ley y la obligación de las instituciones de ejercer la “pedagogía política”.
Frente al “buenismo” que el consejero atribuyó a la política de inmigración practicada por el Gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero, Blasco defendió la necesidad de animar “un debate progresista” y “confrontar” la iniciativa que previsiblemente aprobarán las Cortes Valencianas.

Vicente Rambla, vicepresidente primero del Consell, aseguró ayer en Alicante que la norma es “un borrador que está en estudio” y en fase de debate entre todos los colectivos e instituciones relacionados con la inmigración. El vicepresidente evitó precisar cuándo estará listo el citado borrador pero deseó que no se demore “mucho”, informa Rosa Biot.

El promotor del proyecto recordó que en 1997, los inmigrantes censados en territorio valenciano eran 90.000, mientras que en la actualidad están censados 770.000, “el 16% de la población”, a los que añade unos 90.000 ilegales.

En declaraciones públicas, Blasco explica: “La persona que explicita su voluntad de aprender la lengua o las características de nuestra sociedad tendrá más facilidad para integrarse, la que no, tendrá más dificultades”. Y a renglón seguido recuerda que la Generalitat gestiona la sanidad, la educación, la política de vivienda…

También sostiene que las comunidades autónomas y los Ayuntamientos asumen unos costes que desbordan su capacidad al atender a inmigrantes sin papeles y argumenta que la legislación en países europeos como Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Reino Unido o Francia es similar o mucho más restrictiva que el contrato de integración que plantea el Consell.

La réplica se la dio la asociación Rumiñahui, que representa mayoritariamente a inmigrantes ecuatorianos: “Por qué no se certifican ellos ante la Unión Europea, a ver si la Comunidad Valenciana aprueba en políticas de integración ya en práctica. Si aprueban en inversión social y convivencia. Si aprueban en viviendas de protección oficial”.

La asociación Rumiñahui equipara el contrato de integración con “la propuesta fascista de España 2000” y denuncia que los promotores de la iniciativa solo “quieren seguir dividiendo a los seres humanos”.

En términos similares, la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes aseguró que el proyecto aireado por Blasco “expone a los inmigrantes a la más absoluta exclusión” y solo fomenta “la xenofobia, la criminalización y la exclusión del colectivo inmigrante”.

Todas las asociaciones de inmigrantes apuntan, además, a la burocracia que llevará aparejada la aplicación de la norma.

El Consell ha aprovechado el relevo al frente del Ministerio de Trabajo para llamar la atención. Celestino Corbacho, sucesor de Jesús Caldera, se mostró ayer “totalmente abierto” a estudiar las propuestas del PP en materia de inmigración, pero recordó que las comunidades autónomas deben “abstenerse de intervenir en ningún tema que no sea de su competencia”.

Blasco aseguró que ya ha concertado una entrevista con Corbacho, “un hombre que ha tenido experiencia en la materia como alcalde de L’Hospitalet”, mientras que Jesús Caldera nunca le recibió.