El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, advirtió ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de que los temas de contratos para inmigrantes son competencia del Estado. De todas formas, Corbacho eludió abrir un nuevo frente de confrontación con el Consell y le ofreció buscar “un punto de encuentro” entre el compromiso de integración que propone el Consell y “alguna propuesta” que el propio ministro “haya podido hacer”.

Corbacho recordó que “los temas de regularización y desde el punto de vista jurídico legal los contratos y muchas de estas materias son competencia del Estado”. El ministro se refirió así al borrador de la Ley de Integración de la Comunitat Valenciana, que recoge el compromiso como un acuerdo que deberán suscribir los ciudadanos extracomunitarios mayores de 18 años.

Las costumbres que deben o no aprender los inmigrantes preocupa “menos” al ministro porque, tal y como aseguraba en Antena 3, “todos aprendemos unos de otros” y lo importante “son las normas de convivencia que tienen que estar en el espacio público”.

Corbacho consideró que está “bien que una autonomía explore las posibilidades de ir profundizando en estas materias” y rechazó “descalificar” la iniciativa. “Esa propuesta y algunas que yo he podido hacer a lo mejor pueden encontrar un punto de encuentro en un recorrido que no tiene por qué hacerse necesariamente ni desde la descalificación ni desde la confrontación”, aseguró.

Fuentes de la Conselleria de Inmigración consideraron “positiva” la respuesta del ministro y anunciaron que en breve van a mantener un encuentro con la Administración central.

El conseller Rafael Blasco quiso dejar ayer bien claro que la Generalitat no tomará ninguna medida “contra los que no lo suscriban, porque los derechos humanos son irrenunciables” y resaltó que sólo tendrán dificultades “para integrarse en la sociedad valenciana”.

Blasco aclaró que la finalidad del contrato de inmigración “no es suplir las competencias que el Estado, sino colaborar de forma legal y leal en sus competencias”. Según explicó, los que decidan no suscribirlo “no van a estar perjudicados en sus derechos como persona o ser humano, pero va a tener dificultades porque estará rechazando una integración que queremos poner a su servicio”.

Para Blasco, firmar este contrato garantiza el compromiso de aprender, “porque explícita esa voluntad de aprender valenciano y castellano”. También recordó que fórmulas similares ya se aplican en algunos “de los países más avanzados del mundo”, como Gran Bretaña, Suecia o Dinamarca.

La Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui calificó el contrato como su “auto expulsión de Europa” y fomenta “a gran escala la xenofobia y la ya existente violencia y agresión”. También señalaron que el documento “restringe y controla nuestra vidas y coarta la libertad”. Su portavoz, Edgar Constante, afirmó que en el caso de que la iniciativa siga adelante se plantearán la posibilidad de realizar movilizaciones.

El colectivo de senegaleses de Valencia indicó que la Ley de Integración puede ser positiva" si se garantiza los derechos de los inmigrantes. El colectivo eludió pronunciarse sobre el contrato hasta conocer los detalles de la propuesta.

La presidenta de la Asociación de Inmigrantes de Países del Este, Angela Placsintar, calificó de “muy oportuna” la iniciativa de Blasco y añadió que “no hace falta mencionar el acatamiento a la legislación española y valenciana, porque a ellas estamos obligados”.

La Mesa de Entidades de Solidaridad con los inmigrantes censuró el compromiso de integración, ya que, en su opinión, expone a los inmigrantes a la “más absoluta exclusión” y fomenta “la xenofobia”. La Comisión de Ayuda al Refugiado, por su lado, reclamó la retirada del contrato al considerarla innecesaria.

UGT aseguró ayer que la propuesta de Blasco “merece el rechazo más importante y firme, ya que no entiende el debate y quiere crear un debate falso”.

El director del Observatorio para la Inmigración de la Universidad de Alicante, Carlos Gómez, destacó que la iniciativa “es discriminatoria” y, en su opinión, trata de ocultar la “ausencia de políticas de integración social” de la Generalitat.