Los Gobiernos de España y Brasil certificaron ayer en Brasilia el fin de la crisis que enfrentó a ambos países por las expulsiones de sus nacionales al llegar a los aeropuertos, y que afectó sobre todo a turistas, estudiantes y directivos de empresas que pretendían cruzar las fronteras por los aeródromos de Barajas y São Paulo. El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dio por superado el conflicto, que rebajó a un «desencuentro», tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, con su homólogo Celso Amorín y con la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento brasileño.

El jefe de la diplomacia explicó que en esas reuniones constató el «buen momento» de la relación entre España y el gigante sudamericano superados los «malentendidos» entre sus respectivas oficinas consulares. Las entrevistas también sirvieron para hacer «un primer balance» del funcionamiento de los mecanismos que pactaron ambos Gobiernos en una reunión técnica mantenida a primeros de abril para buscar soluciones a la crisis.

En el 2007, la policía impidió entrar en España a más de 3.000 brasileños. La paciencia de las autoridades cariocas se agotó en enero del 2008, cuando se empezó a rechazar a españoles, sobre todo en el aeropuerto de São Paulo, alegando que no tenían acreditada su solvencia económica o irregularidades en sus reservas de vuelos y hoteles.

Entre las medidas acordadas estaba la posibilidad de que funcionarios y policías de fronteras de uno y otro país estuvieran presentes en Barajas y São Paulo para asesorar a los viajeros y ayudar a las autoridades si fuera necesario recabar información acerca de algún viajero o incluso verificar su identidad. Moratinos aseguró que ese dispositivo «ya está prácticamente funcionando».

El plan prevé impulsar medidas para difundir las condiciones y requisitos de entrada de extranjeros en sus respectivos territorios y el establecimiento de una línea para consultas entre los dos consulados y funcionarios de fronteras.