La Ley de Integración de los Extranjeros en la Comunidad Valenciana que pretende recuperar el polémico contrato para los inmigrantes que anunció Mariano Rajoy en la campaña de las últimas elecciones generales no es más que un compendio de prestaciones a las que tienen acceso todos los residentes en la Comunidad Valenciana. El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007 – 2010, aprobado por el Consejo de Ministros hace 14 meses, recoge todas las iniciativas que plantea como novedades positivas el texto que maneja el Consell y las acompaña de dotación económica, 2.000 millones de euros.

Las coincidencias entre las iniciativas ejecutivas formuladas desde el Gobierno central y el borrador de ley que maneja el Consell son patentes. En ambos casos se reconocen los derechos a la acogida, a las prestaciones sanitarias, a la educación, a acceder a una vivienda protegida, etcétera.

Las distancias surgen cuando el Consell sugiere que los inmigrantes deben comprometerse en aras de la convivencia con determinados hábitos. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ilustra el problema: “Reclamar con un contrato especial el cumplimiento de las leyes, valores, costumbres regionales a las personas inmigradas, lejos de fomentar su integración ejerce un injusto efecto estigmatizador, discriminatorio y criminalizador”.

Las competencias sobre extranjería y control de fronteras son exclusivas del Estado. Y el propio Rafael Blasco, promotor de la norma autonómica, asume su escasa incidencia jurídica, pero reivindica su “efecto social y pedagógico”.