La Generalitat de Cataluña fijará el tope de inmigrantes que podrán escolarizar en cada área los centros educativos, para evitar los guetos, y otorgará a las escuelas una mayor autonomía de gestión, que les permitirá incluso definir y aplicar un currículo académico propio.

Éstas son algunas de las novedades que recoge el anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña, acordado entre los socios del Gobierno catalán, que renuncia a la pretensión del departamento que dirige Ernest Maragall de abrir la escuela a la iniciativa privada, lo que provocó la huelga de docentes del 14 de febrero.

El anteproyecto establece que la gestión de los centros públicos seguirá en manos públicas, aunque podrán ejercerla consorcios creados por la Generalitat y los ayuntamientos, e incluso se prevé la existencia de centros propios con modelos de provisión de docentes extraordinarios.

Respecto a los inmigrantes, y con el objetivo de combatir su concentración en la red pública y en determinados centros, la ley afirma que se establecerá la proporción máxima de estos menores que puedan ser escolarizados en cada centro y grupo, en función de unas áreas.

Realidad sociológica

Ernest Maragall concretó que el tope será diferente en función de las zonas educativas, que deberán reflejar la realidad sociológica de su entorno, aunque afectará por igual a escuelas públicas y concertadas.

Además, la Generalitat prevé que los centros educativos con menos inmigrantes puedan incrementar en un 10% el número máximo de alumnos en sus aulas para poder dar cabida a estos estudiantes, que en la actualidad se escolarizan en un 80% en la escuela pública, frente a un 20% de la concertada.