pamplona. El pasado año aumentaron un 44,19% los expedientes de nacionalidad tramitados en los Registros Civiles de la Comunidad Foral, según datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Un incremento que, como dijo Ana Ferrer, magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Pamplona y encargada del Registro Civil de este partido judicial, se explica porque en 2007 se cumplieron dos años desde el proceso de regularización de inmigrantes, periodo de tiempo de residencia que necesitan los ciudadanos procedentes de Suramérica para pedir la nacionalidad.

La función del Registro Civil corresponde en Pamplona al Juzgado de Primera Instancia número cuatro; en Aoiz, al Juzgado número uno; en Estella y Tafalla, a los Juzgados números dos; y en Tudela, al tres. El pasado año estos órganos tramitaron un total de 5.371 expedientes de nacionalidad, de los cuales 3.109 fueron en la capital navarra, una cifra que el presidente del TSJN, Juan Manuel Fernández, consideró “muy alta, incluso en ciudades más grandes que la nuestra”. A lo largo de 2006 fueron 3.725 y en 2005 sumaron 2.989.

Asimismo, la cifra de nacimientos y de defunciones registrados en la Comunidad Foral aumentó un 12,32% y un 5,15%, respectivamente. Por contra, la de matrimonios descendió un 5,07%.

En la presentación de la memoria del año 2007, el presidente del TSJN, Juan Manuel Fernández, destacó el “importante aumento que en los últimos años viene produciéndose en la actividad del Registro Civil”, una circunstancia que comparten todos los partidos judiciales pero que afecta especialmente al de Pamplona. De hecho, comentó que es necesario un aumento de personal para atender este servicio, “demandado por un gran número de ciudadanos”, y así subsanar “ciertas carencias”.

La magistrada encargada del Registro Civil del partido judicial de Pamplona, Ana Ferrer, es también la titular del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de la capital navarra. Ferrer indicó que “el volumen de trabajo se ha incrementado de una manera exagerada desde hace unos 8 ó 10 años”, con la llegada de inmigrantes a la Comunidad Foral. En este sentido, apuntó que si bien todos los ciudadanos pasan normalmente por el Registro Civil, “con más razón los inmigrantes, que tienen que hacer muchos más papeleos”.

En esta línea, Ferrer destacó la “enorme carga de trabajo” que soportan los once funcionarios que trabajan en este órgano, un incremento que atribuye al proceso de integración de los inmigrantes. Así, indicó que en 2007 se cumplieron dos años desde el último proceso de regularización, que es el tiempo de residencia habitual en España que deben cumplir los inmigrantes suramericanos para poder solicitar la nacionalidad (el resto de extranjeros deben acreditar diez años), de ahí que el año pasado aumentara el número de expedientes tramitados por este asunto.

En esta línea, la juez comentó que la concesión de la nacionalidad depende del Ministerio de Justicia y es un proceso “lento”. Indicó que “ahora el atasco gordo está en Madrid, en el registro central”, por lo que “para evitar el problema han atribuido muchas competencias a los registros municipales”. Además, la magistrada señaló que el expediente de nacionalidad es el primero de los trámites que deben realizar estas personas, ya que a este certificado siguen otros muchos, como que sus hijos opten a la nacionalidad.

reformar la legislación Por contra, Ferrer apuntó que en Pamplona “no hay atasco porque se opera bien”, pero “el incremento de trabajo ha sido brutal”, aunque reconoció que en los últimos años se han adoptado medidas para mejorar la situación. Sin embargo, a su juicio, la solución pasa por “reformar la legislación relativa al Registro Civil para adecuarla a la nueva situación”, así como llevar a cabo un cambio interno de la oficina para que la carga de trabajo sea menor. Consideró necesario crear un juzgado exclusivo para el registro civil, una propuesta que ya hizo Fernández en la memoria, y también ampliar el personal proporcionalmente al aumento del trabajo. Y es que la creación de un juzgado exclusivo permitiría que el encargado del registro “estuviera permanentemente en la oficina solucionando los problemas”, algo que ahora no resulta posible porque la magistrada debe continuar al mismos tiempo su labor en 1ª instancia.