En los últimos días se han conocido ciertos datos que revelan el verdadero momento de la economía española. Por una parte el paquete de medidas supuestamente dinamizadoras aprobadas por el Consejo de Ministros sólo comportará un efecto recuperatorio del 0,2% en el mejor de los casos y según estimación del propio Gobierno. Por otra el Fondo Monetario Internacional ha rebajado drásticamente la expectativa de crecimiento establecida por Solbes para el año en curso. Por si ello fuera poco, además, el Gobierno ha consumido la mitad del superávit del Estado en los tres primeros meses de 2008, lo que constituye un zarpazo inquietante que debiera encender las luces de alarma para fijar ya rigurosas decisiones de fondo conforme a modificaciones estructurales serias y definición de prioridades a corto y medio plazo.

Pues bien, a pesar de lo dicho lo cierto es que el Gobierno no está realizando un planteamiento coherente para afrontar el choque de la crisis más allá de paños calientes, gestos cosméticos, populismo discursivo y enroque en eufemismos verbales mientras la realidad se impone al tancredismo gubernamental y el desplome inmobiliario acarrea consecuencias demoledoras. La galopante destrucción de empleo que comporta la caída del sector va a ser tónica fija de los meses venideros con riesgo de alcanzar el medio millón de nuevos parados a final de año. A su vez los ingresos del Estado por vía fiscal se van a mermar de modo sensible y la configuración del Presupuesto para el próximo ejercicio ofrecerá dificultades singulares teniendo en cuenta el lastre de los cuatrocientos euros no consignados en el Presupuesto vigente y el compromiso de Zapatero en orden a promover una línea expansiva de nuevas políticas sociales difícilmente encajables en un contexto como el actual cuando lo que sí debe prever es una inversión significativa para poner en marcha la Ley de la Dependencia. En este escenario no parece lo más sensato haberle creado al Estado una mayor carga adicional de gasto sobredimensionando la burocracia de los primeros y segundos escalones del Gobierno recién designado sin que esa inflación de nombramientos tenga una sólida razón de ser.

Así las cosas las perspectivas inmediatas que para los hogares españoles cabe inferir de este panorama no son especialmente tranquilizadoras. Más allá de los doscientos euros que arribarán en el mes de junio no se adivina un conjunto de disposiciones que permitan aliviar la dura tarea de llegar a fin de mes a mileuristas, pensionistas, parados y familias numerosas mientras que, por el contrario, el coste de la vida subirá aún más, el recurso al crédito va a ser restrictivo en grado extremo, el consumo y el ahorro van a caer y la factura energética seguirá incrementándose con las derivaciones que ello traslada al día a día de todos. La iniciativa privada continuará ralentizándose al máximo y la apuesta por cubrir mediante el impulso de la obra pública los vacíos que aquella deje no va a ser suficiente para corregir la anemia productiva ni para frenar la caída del empleo y sí, en cambio, terminará conduciéndonos al déficit presupuestario estatal. Zapatero tendrá, además, que intentar alcanzar con empresarios y sindicatos una concertación social complicada a tenor de las posiciones de partida pues la pérdida de expectativas de unos va a chocar con las reivindicaciones de otros y con los propios intereses políticos del Gobierno. Así, por ejemplo, COE ya ha advertido que durante los dos años siguientes no debiera incrementarse el salario mínimo mientras que UGT y CC. OO. – amén de Zapatero – apuntan decididamente hacia lo contrario.

Capítulo aparte merece el señalamiento del peligro que la coyuntura acarrea sobre el fenómeno inmigratorio. Según cifras de CC. OO. más de un millón de trabajadores extranjeros sin papeles realizan actividades laborales carentes de cobertura. Añádase a ello que también un alto porcentaje de trabajadores extranjeros en situación administrativa correcta eran absorbidos en tareas directa o indirectamente vinculadas a la construcción y a los servicios. Ahora esas bolsas serán las más afectadas por la falta de trabajo y los conflictos que pueden devenir por la ausencia de alternativas para la subsistencia debieran ser tenidos muy en cuenta para evitar situaciones que pueden actuar en detrimento de la convivencia y de la integración y favorecer la aparición de detestables discursos xenófobos con lo que ello supone de riesgo colectivo.

En definitiva, cabe exigir a Zapatero que se ponga a trabajar sin más dilación en vez de ocuparse tan sólo de camuflar el lenguaje para no llamar crisis a la crisis, parados a los parados o trasvase del Ebro al trasvase del Ebro. Cuando vienen duras sobran las medias tintas, las improvisaciones y la política del avestruz. Hoy hacen falta más que nunca ideas, coraje y claridad a la hora de decirles a los españoles cómo vamos a salir de esta. Ojalá el Gobierno sea capaz de empezar ya a recorrer ese camino.