Menudo globo sonda. El nuevo ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defiende hoy en nuestras páginas que los inmigrantes que lleven un determinado número de años en España puedan votar en las elecciones municipales. Corbacho precisa que es una opinión personal y que el Gobierno no ha fijado una posición al respecto, pero lo cierto es que otros dirigentes socialistas se han pronunciado antes en parecido sentido.

El ministro cree razonable que los inmigrantes que llevan ocho o diez años en nuestro país pudieran votar en las municipales, aunque también señala que esta medida debería ser consensuada con el PP.

Al mismo tiempo, Corbacho se declara partidario de repatriar a los inmigrantes sin contrato y de aplicar una política de tolerancia cero a quienes no cumplen las normas y aboga por una filosofía de integración en contra de una concepción multiculturalista. Todo ello rodea su postura de un halo de sensatez.

Y, en efecto, hay que señalar que Corbacho sabe de lo que está hablando porque ha sido alcalde durante muchos años en L’Hospitalet, una de las poblaciones españolas con mayor índice de inmigración. Desde este punto de vista, Zapatero parece haber encontrado a la persona adecuada para el cargo.

Es más, muchas de sus afirmaciones en nuestra entrevista contradicen o matizan las ideas que ha venido manteniendo el PSOE sobre la inmigración. Pero dicho esto, no estamos de acuerdo con su propuesta de facilitar el voto a los inmigrantes, dado que defendemos que el voto es inherente a la nacionalidad española, como establece la Constitución, que habría que reformar para permitir que los inmigrantes votasen.

El artículo 13.2 de la Constitución marca, sin embargo, una excepción: reconoce el derecho de voto a los extranjeros en elecciones municipales cuando existan tratados de reciprocidad. Así sucede con los ciudadanos de otros países de la UE que pueden votar en España por la existencia de esa reciprocidad.

La excepción está justificada porque nuestro país participa en un proceso que supone la ampliación de espacios políticos comunes, pero ello no es extensible a los inmigrantes de fuera de la UE.

Votar es un derecho inherente a la condición de ciudadano español que no se puede trocear o dividir y que también comporta deberes. Tal y como establece el artículo 1 de la Constitución, que resume a todos los demás, «la soberanía reside en el pueblo español».

Otra cosa es facilitar a los inmigrantes la adquisición de la nacionalidad española, que ahora se concede tras diez años de residencia. Este plazo podría ser reducido, máxime si el interesado demuestra que conoce el idioma y que tiene voluntad de integrarse.

Pero creemos – y hay que insistir en ello – que el derecho de voto debe ir vinculado de forma indisociable a la nacionalidad, entre otras cosas, para evitar el peligro que el propio Corbacho evoca: que un alto porcentaje de inmigrantes pudiera cambiar las normas de convivencia, aprovechándose de una mayoría circunstancial. Ello aconseja no practicar experimentos que podrían explotarnos en las manos.