El constructor le echa la culpa del derribo de la pensión a una familia marroquí que adosó una pequeña infravivienda de una planta a la suya hace siete años Don Félix, un tipo de hablar sigiloso pero eléctrico, genera adhesiones y odios a su paso por el sector V de la Cañada Real: «Hijo de puta, ojalá te mueras», cuchichea un marroquí que pasa junto a los restos de la pensión. «Quiero que sepa que siento mucho lo que ha pasado», le dice a la cara al constructor otra mujer de esa misma nacionalidad.

El ascendiente en el lugar del constructor, de origen vallisoletano, es evidente. Sólo horas después de que las excavadoras tiraran abajo tres cuartos de su pensión ilegal, «Don Félix» irrumpe en el lugar como un búfalo y convence a los bolivianos allí alojados para que no acepten las ofertas del Samur Social y de la parroquía de San Carlos Borromeo. A ésta última se fueron cuatro familias, 10 adultos y 12 niños, y con el Samur otras dos.

En lo que queda de la pensión, un ala con nueve viviendas, se mantienen todos los demás inmigrantes, convencidos por el empresario, quien sostiene que la pensión fue demolida por error, que el objetivo de la piqueta era una pequeña infravivienda que una familia marroquí adosó al caserón hace años.

Un ala entera

«El sí que tiene una orden de derribo, y de hace seis meses», asegura. Lo que no explica – e igual que él nadie en la Cañada ni en Urbanismo – es por qué la piqueta dejó en pie la mitad de la casa del marroquí, y un ala entera de la pensión. Zanja rápidamente: «Es un atropello que se ceben sin contemplaciones con casas como ésta, llenas de gente humilde, y de mujeres y críos».

«Don Félix» se lamenta de cómo se ha enredado, con el paso del tiempo, en la Cañada: «Si le hubiera hecho caso a mi mujer, habría regalado este terreno hace tiempo. Mira, yo soy una persona conservadora y lo único que sé es trabajar, eso es lo que he hecho toda mi vida… Y ahora, ahora no entiendo nada, estoy desconcertado sobre el futuro de la Cañada, hay demasiados intereses», dice sobre la franja de 17 kilómetros de largo y sólo 75 metros de ancho de terreno público en que viven 40.000 personas sin títulos de propiedad.

El empresario llega a la cita, el y pide que no se le fotografíe. Luego, su subalterno boliviano en el lugar, Teo, encuentra un casco por entre los escombros y Rodríguez cambia de parecer: «Hombre, así sí, esto es otra cosa. Es que tampoco quiero dar una imagen que parezca que…», deja la frase sin terminar.

Según fuentes municipales de Rivas, sobre él penden dos denuncias referentes a la Cañada: una, por la pensión, y la otra por la obra del alcantarillado, que él asegura pudo hacer «gracias al silencio administrativo». «Es el clásico jeta que hace negocio con la pobreza, y es que un lugar sin ley como la Cañada es terreno abonado para delincuentes como este», dicen las mismas fuentes. El dice que no proyectó nada, que comenzó a alojar a sus trabajadores allí, muchos de los cuales empleaba de forma discontinua, y prácticamente una cosa llevó a la otra.

«Hace 10 años empezaban a llegar inmigrantes y había que coger a la gente que trabajaba mejor. A muchos de ellos les gestioné yo los papeles, y luego se fueron a trabajar con otros», quiere desmentir el cartel que le cuelgan de negrero del siglo XXI. «Ahora, todo este lío me cansa, es duro de soportar», dice, frotándose los ojos.