Se ha convertido en el ministro más políticamente incorrecto de Zapatero con máximas como «a España la gente que venga con contrato» o «tolerancia cero con los que no cumplen las normas». Pero el ex alcalde de L’Hospitalet asegura que «no se trata de ser duro o blando con la inmigración», sino de «ser realista» y «hablar con claridad» Cuando era alcalde de L’Hospitalet (Barcelona), Celestino Corbacho ya defendió el derecho al sufragio de los extranjeros no comunitarios. No ha cambiado de opinión tras ser nombrado ministro, aunque considera, eso sí, que tiene que haber algunas «limitaciones». Por ejemplo, el titular de Trabajo e Inmigración permitiría que votaran en las municipales los que llevan en torno a una década residiendo en España, son miembros de la ciudadanía, tienen «una unidad familiar formada» y expresan una «clara voluntad de permanencia» en nuestro país.

Pregunta. – ¿Está a favor de cambiar la ley para que los inmigrantes no comunitarios puedan votar?

Respuesta. – Lo dije como alcalde y lo sigo manteniendo: cuando una ciudad tiene cerca del 24% de inmigración y esa inmigración ya es estable y con clara voluntad de permanencia y de formar parte de la ciudadanía de futuro, me parece razonable que se busquen fórmulas que permitan al máximo número de personas participar en los comicios municipales. Eso sí: se tiene que hacer con todas las limitaciones jurídicas y legales, que no son pocas.

P. – ¿Con qué obstáculos cuenta el derecho de sufragio?

R. – El sufragio universal es muy complicado desde el punto de vista jurídico. Primero, porque hay limitaciones constitucionales. Segundo, porque hay legislación en los países de origen que también lo dificulta. Hay algunos, como Ecuador, que prohíben votar en otro estado. Pero, aun así, hay que buscar mecanismos.

P. – ¿Deben contemplarse las limitaciones que marca la Constitución o alguna más?

R. – La Constitución nos va a marcar los márgenes y las limitaciones. No me parece razonable que ese derecho se dé sin más porque uno llegue y se empadrone. Ahora, si una persona lleva ocho o 10 años viviendo aquí, tiene ya una unidad familiar formada, forma parte de esa ciudadanía y tiene clara voluntad de permanencia, me parece razonable que participe de la vida cotidiana en todos los niveles. Y siempre dentro del marco de las elecciones locales.

P. – ¿Falta valentía para abordar este debate?

R. – No diría que falta valentía. Lo que es evidente es que no forma parte de los intereses de los ciudadanos, que están más preocupados por la coyuntura económica y el empleo que por si se prioriza el debate sobre el voto de los inmigrantes.

P. – ¿Va a adoptar alguna iniciativa para que la ley lo contemple?

R. – Es una reflexión que, en última instancia, la tienen que hacer todos los partidos políticos, y en sede parlamentaria. Lo que se acuerde tiene que hacerse con un consenso muy amplio; si pudiera ser por unanimidad, mejor. Y, en cualquier caso, siempre por un acuerdo de los dos principales partidos políticos.

P. – Pero el PP no es partidario…

R. – Bueno, tampoco formó parte de la oferta electoral del PSOE. Ni siquiera creo que ésta deba ser la prioridad del Ministerio. Es una reflexión más, que debe hacerse sin prisas.

P. – ¿Qué opina de su fama de duro con la inmigración? ¿Se siente cómodo con esa etiqueta?

R. – Yo siempre he sido realista y he hablado con mucha claridad. Cuando identificas problemas o medidas para resolverlos, puede entenderse como sinónimo de dureza. Pero no haré políticas duras o blandas. A mí me pesa mucho todavía la cultura del alcalde – nosotros gobernamos pegados a la realidad – y quizá mi primera puesta en escena tiene más que ver con la personalidad de un alcalde que con la de un ministro.

P. – Se está viendo que, cuando en un barrio se asienta un alto número de inmigrantes, los españoles se mudan a otro. Al final, ni hay mezcla ni integración y se forman guetos. ¿Cómo se va combatir este problema?

R. – Eso hay que gobernarlo no sólo desde el Gobierno, sino desde las administraciones autonómica y local. El Ministerio ya tiene un fondo de 200 millones de euros para gobernar la convivencia y para que no haya barrios cerrados con las normas que han incorporado los recién llegados, sino que funcionen como los otros. Tenemos que evitar el modelo americano, que un área metropolitana se segmente por poblaciones de origen es lo peor que puede pasar.

P. – Pero eso ya está ocurriendo…

R. – Está pasando, pero hay que hacer políticas activas para que no pase. Primero, consiguiendo que las normas de funcionamiento del barrio no sean impuestas por el último que se ha empadronado. Si el barrio se cierra y el funcionamiento se basa en el colectivo mayoritario que ha llegado, se crean guetos. Eso hay que combatirlo con normativa: usted viene a este país y los derechos son los mismos de cualquier ciudadano, pero las obligaciones también. El Ministerio no tiene competencias para gestionar esto. Mi filosofía es que un barrio de estas características se gobierne con disciplina en la actividad económica y en el espacio público, y con mediación social en la escalera y soporte decidido a la escuela.

P. – Cuando habla de disciplina en la actividad económica, ¿se refiere a controlar la apertura de comercios y la venta de alcohol hasta altas horas de la noche? ¿Quién controla estas actividades? ¿Quién pone orden?

R. – El Ayuntamiento y sus ordenanzas y la Policía Municipal.

P. – Estamos viendo muchos comercios, por ejemplo asiáticos, que no respetan las ordenanzas…

R. – En mi ciudad, la tolerancia con las actividades económicas que no cumplían la normativa era cero. Las normas están para cumplirlas. No tengo nada en contra de un comercio que vende ropa, pero si la norma dice que sólo puede abrir un número de domingos al año, no puede estar abriendo un domingo no habilitado. Eso es lo que hay que hacer, aunque signifique más coste económico. La Administración General del Estado tiene que ser sensible a que una parte de los recursos se dedique a estos fines.

P. – ¿Tiene que haber más policía de proximidad?

R. – Cada alcalde debe identificar lo que tiene que hacer. Yo especialicé a la Policía y creé una unidad para la convivencia y el civismo. Tenía tres funciones muy claras: tolerancia cero en las actividades económicas que no cumplieran la normativa, disciplina en el espacio público y ayuda a los mediadores en las comunidades de propietarios. El resultado ha sido positivo. También tengo que decir que cerré más de 80 locales.

P. – ¿Por no cumplir las normas?

R. – Limité los locutorios: les prohibí abrir más tarde de las 23.00 horas, no permití que se abriera un locutorio a menos de 300 metros de otro y no les dejé que desempeñaran actividades que no tenían nada que ver con lo que ponía su licencia. No he perseguido a nadie. Si quieren hacer una actividad económica, háganla, pero cumplan las normas.

P. – ¿Hay que cambiar la forma en que la izquierda ha afrontado hasta ahora el fenómeno de la inmigración, para evitar que el discurso de controlar y de ser más duro acabe en manos de la derecha?

R. – No sé si es un tema ideológico. Aquí estamos delante de un fenómeno. En definitiva, las cotizaciones de la Seguridad Social y la calidad de vida de la sociedad española dependen de todos los que están trabajando. Si devolviéramos a todos los inmigrantes en un autobús, este país empezaría a no funcionar. Ahora bien, cuando eso se da en cinco años y un país pasa de tener un 1% de inmigrantes a un 13% y una ciudad pasa de un 3% a un 24%, se modifican muchísimas cosas. Y no siempre se hace para enriquecer la cultura de lo que tú has ido asumiendo como bien colectivo, porque son muchos choques. No se trata, desde la izquierda, de ser más duro o más blando, sino de decir que a ese fenómeno le vamos a hacer frente y lo vamos a gobernar.

P. – Sí, pero hasta ahora la izquierda mantenía el discurso de que todo iba bien y de que no había problemas. Este discurso realista con la inmigración no se da en otros dirigentes del PSOE.

R. – Han sido más las llamadas de los compañeros que me han felicitado que los que me han criticado.

P. – Quizá porque ha dicho lo que muchos no se han atrevido a decir.

R. – También he sido un poco osado. No voy a negar que hay problemas. Hace tres años, en mi ciudad, los problemas estaban a punto de estallar y de romperse la convivencia. En absoluto nos encontramos hoy en el mundo de las maravillas, pero el fenómeno lo hemos gobernado con discurso y con medidas. Es mejor reconocer los problemas y hacerles frente. Y no hay que ver como algo negativo que encontremos coincidencias con diferentes partidos. Si buscamos puntos de coincidencia con el PP y encontramos propuestas razonables para afrontar el fenómeno, esta formación no me encontrará de espaldas.

P. – ¿Qué le han parecido algunas propuestas de Mariano Rajoy, como el contrato de integración?

R. – Me preocupan más los controles sobre la legalidad del inmigrante que el contrato de costumbres, porque las costumbres son de ida y vuelta. En España tiene que haber todos los inmigrantes que sean necesarios y uno más, pero todos con contrato de trabajo.

P. – ¿Y los que no lo tienen?

R. – Para los que están en situación ilegal no puede contemplarse otra hipótesis que el retorno. A España, la gente que venga con contrato. Y, además, el Gobierno tiene que comprometer cada vez más su política de cooperación al desarrollo.

P. – ¿Cuántos inmigrantes en situación irregular hay en España?

R. – Si son irregulares no lo podemos saber.

P. – Pero su predecesor, Jesús Caldera, los contó: 300.000.

R. – Son las cifras que se han ido publicando, pero no tengo el dato.

P. – ¿Cómo puede afectar la crisis económica a la inmigración?

R. – La población inmigrante será la más castigada. La construcción, donde trabajan fundamentalmente los extranjeros, ha entrado en una recesión importante.

P. – ¿Qué se debe de hacer?

R. – En primer lugar, hay que identificar los sectores generadores de nuevo empleo e intensificar el diálogo social y territorial para, sin distinción de origen, recolocar a los desempleados en donde se genere la nueva oferta. En segundo lugar, hay que facilitarles el retorno.

P. – Hasta ahora ésta era una iniciativa que había fracasado…

R. – Hay que darle dos vueltas a esta medida. No hay que descartar la posibilidad de ligar el retorno con las capitalizaciones del paro. También hay que hacer una hoja de ruta. El que quiera volver tendrá que buscar la ayuda de las entidades financieras y que el país de origen no lo vea como un problema, sino como una oportunidad. No hay que olvidar que algunos países de la UE están en fase de crecimiento importante y van a necesitar mano de obra, y que parte de ella estará compuesta por los parados de la construcción de este país.

P. – ¿Los que retornen tendrían que comprometerse a no volver?

R. – Ahí es donde tenemos que profundizar un poco la cuestión. Si les haces una hoja de ruta, les promueves unas ayudas y les permites una capitalización, no puede ser para que a los tres meses vuelvan.

P. – ¿Se sabe hasta cuándo vamos a seguir necesitando inmigrantes? Porque hay estudios que dicen que harán falta 157.000 de aquí a 2020…

R. – Ahora estamos ya en unos niveles en los que puede necesitarse mano de obra por la coyuntura, pero no de forma permanente. Eso no quita que haya que recoger la fresa y que durante 30 días haga falta un contingente muy importante. Pero ya llevamos un año en el que se ve cómo se equilibran los que vienen y los que regresan a su país.

P. – ¿Cree que hemos tocado techo en materia de inmigración?

R. – No me atrevería a hacer una afirmación tan contundente, pero sí a decir que el fenómeno migratorio no experimentará el crecimiento que ha habido en los últimos años.

P. – ¿Va a levantar la moratoria que impide trabajar a rumanos y búlgaros en igualdad de condiciones?

R. – Ese es un tema que afecta a más de un ministerio. El nuestro estará ahí, pero no es el que tiene que enmarcar estas políticas. Todo apunta a que Rumanía y Bulgaria, países que han experimentado un desarrollo económico, acabarán siendo, más que emisores, receptores de inmigrantes, y se equilibrará la cuestión.

P. – ¿Van a paralizarse este año las contrataciones en origen?

R. – No sólo no hay que poner en crisis esta política, sino que hay que profundizar en ella. Pero las necesidades deben ser cubiertas primero por la gente que ya está en el país. Siempre será mejor que un parado de la construcción pueda reubicarse en una demanda interior que no ir a contratar en origen. Si al final esto no es suficiente, el modelo de contratación en origen es el mejor.