“Cada mes mando menos dinero a casa”. Chidambar, un taxista indio que lleva algo más de un año en la capital de Qatar, se queja de que los riales qataríes que envía cada mes a su familia en Patna (Estado de Bihar) equivalen a menos rupias indias. “Y encima ahorro menos, porque aquí todo está más caro”, añade quejoso.

En dos frases, Chidambar, de 32 años, ha resumido el problema que padecen los 13 millones de inmigrantes en el golfo Pérsico desde que el dólar empezó a caer frente al euro y otras divisas. Él cobra en riales qataríes, una moneda vinculada al dólar estadounidense que, como las demás divisas de la zona, se ha devaluado frente a las de Asia central. Además, el dinero que manda a casa da para mucho menos porque su país, como muchos otros, sufre una escalada sin precedentes del precio de los alimentos.

El sueldo de Chidambar asciende a 1.100 riales mensuales (190 euros) – el empresario le proporciona aparte alojamiento – , pero la inflación en Qatar (un 12% en 2007) merma su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro. No en balde, el grueso de las importaciones del emirato procede de países de la zona euro o de otros asiáticos cuyas monedas se han apreciado frente al dólar.

“Las tasas de inflación del grueso de las economías del Golfo han erosionado los incentivos financieros para muchos trabajadores extranjeros (…)” justamente cuando el precio del barril de petróleo, su principal producto de exportación, alcanza niveles nunca vistos, constataba, a principios de año, un informe de Moody’s Investors Service. Gracias a ello, Qatar dispone ahora de la más alta renta por habitante del mundo.

Hasta algunos imanes, generalmente conciliadores con los regímenes locales, apremian ahora a los emires a tomar cartas en el asunto. “Los Gobiernos deben intervenir y establecer precios fijos para algunos productos básicos para que las personas con escasos recursos puedan sobrevivir”, exclamó Yussuf Qaradawi, el célebre telepredicador de la cadena Al Jazeera, durante la oración del viernes que pronunció en la mezquita de Omar bin al Khattab, en Doha.

“No me queda más que apretarme el cinturón”, se lamenta Chidambar, que dejó en Patna a su esposa e hijo. Otros muchos inmigrantes asiáticos no se han mostrado tan resignados ante la mala racha que atraviesan. Desde principios de año se han multiplicado las protestas y las huelgas en una región del mundo donde están prohibidas.

A veces han sido incluso violentas, como en Jebel Ali (Dubai), donde unos 4.000 trabajadores bloquearon calles y autovías y destruyeron el mobiliario urbano para pedir mejoras salariales. La represión fue contundente. Un tribunal local condenó a 45 obreros asiáticos a seis meses de cárcel por incitación a la huelga. Cuando cumplan la pena serán expulsados. Para otros muchos ha bastado con una mera decisión administrativa para que sean proscritos del país.

Unos pocos permanecen en un auténtico limbo jurídico. La Misión de los Migrantes en Asia y el Pacífico, una ONG con sede en Hong Kong, denunció el martes la prolongada detención en Kuwait de seis filipinos que, al parecer, encabezaron una protesta de 400 conductores de camiones de la empresa Al Jassim, que suministra combustible a las fuerzas de Estados Unidos en Irak.

Las manifestaciones de inmigrantes preocupan a la población originaria del golfo Pérsico. Toma aún más conciencia de su gran dependencia de la mano de obra extranjera. Si se añaden los inmigrantes irregulares a los legales, los oriundos de la península Arábiga son minoritarios en casi todos los países de la zona.

“Me temo que mientras construimos rascacielos estamos perdiendo los emiratos”, advirtió, la semana pasada, Dhahi Khalfan Tamim, el máximo responsable policial de los Emiratos Árabes Unidos. Aludía al espectacular crecimiento inmobiliario gracias al incremento de la mano de obra extranjera. Durante una conferencia, mostró un vídeo, rodado por la policía, en el que aparecen coches destrozados y tiendas devastadas por los inmigrantes en huelga. “Bloquean las carreteras y arrasan lo que pillan en el camino, pero después los grupos de derechos humanos hablan de los derechos de los trabajadores”, afirmó. Aludía a un reciente informe de la ONG Human Rights Watch sobre la semiesclavitud que padecen los inmigrantes en el Golfo.

Paralelamente, los grandes países proveedores de inmigrantes ya no les perciben sólo como una fuente de remesas – los envíos del Golfo a la India alcanzan los 20.000 millones de dólares anuales – , sino que comienzan a mostrar cierto interés por protegerles ante los abusos.

La India, el país que cuenta con más inmigrantes en la zona, ha empezado a no permitir la contratación en origen de mujeres para el servicio doméstico por menos de 265 dólares mensuales en Arabia Saudí y Bahrein y 300 en los opulentos Emiratos. Filipinas ha ido más lejos, estableciendo un mínimo de 400 dólares para las chicas que emigren a los Emiratos, pero la demanda cayó enseguida un 50%.