El Gobierno ha tomado posesión y deben comenzar las primeras definiciones. Para nosotros, el sistema de financiación estatutario aparece como la más relevante, tanto por los retos que el tejido productivo afrontará en los próximos años, como por los que tenemos planteados como sociedad, en especial por lo que se refiere a la correcta integración de la inmigración.
La actual situación económica no invita al optimismo. Siempre es más fácil redimensionar transferencias en expansión que en momentos como los actuales. Pero los problemas del país tienen un alcance que va más allá de la coyuntura, aunque en la desaceleración las dificultades de financiación aumentan. Para muestra, no hay más que destacar la caída de los ingresos por transmisiones patrimoniales de la Generalitat en los últimos meses.
Entre los aspectos que la nueva financiación debería resolver se encuentra, en muy primer lugar, el aumento del gasto por el crecimiento de población.
No es de recibo que el positivo saldo fiscal de la inmigración sea apropiado, en su mayor parte, por el sector público central (y de ahí una parte del superávit del Estado y de la Seguridad Social de los últimos años). Hora es de que esos ingresos reviertan a los territorios que los generan. Y de que se equilibre la asimetría entre beneficios macroeconómicos (de la Administración central, en términos fiscales) y perjuicios micro (los de la Generalitat y los catalanes). Asimetría que, de perpetuarse, constituye un craso error que pagaremos caro en el medio plazo.
La inmigración, para bien y para mal, no se distribuye homogéneamente en España, con Catalunya, el Levante y Madrid como los grandes ámbitos de recepción. Ni tampoco es homogénea su distribución en Catalunya, con una marcada guetización residencial.
Una política sensata ha de revertir a los territorios con mayor presencia inmigratoria el grueso de los nuevos recursos por ella generados. Esperemos que el nuevo sistema de financiación respete este principio. Nos jugamos demasiado.