Medio año es la media que puede durar en Xàtiva un proceso de desalojo de una vivienda en la que se detecten problemas de hacinamiento e insalubridad, según manifestó ayer el jefe de la Policía Local, Enrique Gómez, quien enumeró la larga retahíla de trámites que lleva detrás cada expediente hasta llegar al juzgado, donde se ha de autorizar la intervención municipal.

En la actualidad, según la concejal de Sanidad, Yolanda Sipán, no existe ya ningún inmueble en esa situación, pero solucionar los problemas detectados en varias casas del casco antiguo de la ciudad ha costado entre 5 y 6 meses de trámites sin interrupciones para poder clausurar finalmente el acceso a los inmuebles.

Todo ello pese a que en varios de los casos detectados se constató que habían llegado a convivir hasta una treintena de personas en un espacio de 100 metros cuadrados, sin condiciones básicas para ello.

“Más que espaldas mojadas, como se llama a los inmigrantes, aquí habría que llamarles espaldas calientes, porque se alquilaban las camas y cuando unos las dejaban las ocupaban otros”, manifestó el alcalde, Alfonso Rus, quien dijo que se vigilarán estas situaciones para acabar con los hacinamientos y para evitar problemas a los vecinos y a los inmigrantes que viven en unas condiciones que no son adecuadas.

Rus se mostró dispuesto a actuar para acabar con las mafias que explotan a los inmigrantes y dijo que una forma de hacerlo es controlar, a través del censo, las personas que habitan cada vivienda, que no podrán ser en ningún caso más de 9, si el espacio es adecuado para ello.

Indicó, así mismo que se velará por la seguridad de los inmuebles y se abrirán expedientes a los que se encuentren en mal estado, a la vez que se instará al derribo de los mismos, si procede.

El último desalojo realizado ha sido el de 9 personas de la calle Corretgería, a las que se avisó con unos días de antelación para que se buscasen otra vivienda “y no hemos tenido problemas, aunque en algunas casas desalojadas nos hemos encontrado con que luego han vuelto a ocuparlas y ha habido que actuar de nuevo”, dijo Sipán.

Tanto la edil como Gómez insistieron que el proceso arranca siempre o con la detección de anomalías por parte de los inspectores municipales o por denuncias de los vecinos, que luego se investigan.

Los primeros en acudir en esos casos son los agentes policiales, que sólo pueden entrar a las casas si se lo facilitan los residentes. Tras su informe han de hacer otro técnicos de Urbanismo y de otros departamentos municipales.

Una vez cumplido este proceso, que lleva su tiempo, se programan reuniones de los responsables municipales con los propietarios de los inmuebles a los que se da un tiempo para corregir las deficiencias y desalojar a las personas que haya demás y, sólo si no se hace, se recurre al juzgado, que ha de autorizar el precinto de las casas.