JOSEP PLAYÀ MASET – Barcelona
En Catalunya ya existe un documento de bases para un pacto nacional para la inmigración, algo que de momento no ha sido posible en el resto del Estado. Ahora falta completar el debate con los partidos políticos, las instancias económicas y las entidades de la inmigración para alcanzar un acuerdo que lo convierta en un documento de consenso. Entre las peticiones más novedosas se incluye la demanda de competencias para que la Generalitat pueda dar permisos de trabajo; la posibilidad de obtener la nacionalidad española, y, por consiguiente, el derecho de voto, tras cinco años de estancia continuada, y la unificación de los permisos de residencia y trabajo.

La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, y el secretario para la Immigració, Oriol Amorós, presentaron ayer el documento de bases que establece de 11 retos, el refuerzo de 65 políticas vigentes y 50 medidas estructurales nuevas. La idea del pacto nace de Cáritas y la Comisión de Ayuda a los Refugiados en el 2006 y el documento actual es fruto de una amplia consulta y de cuatro grupos de trabajo dirigidos por Josep Oliver, Eduardo Rojo, Jordi Sánchez y Ricard Zapata-Barrero.

Algunas de las medidas propuestas implican la modificación de leyes estatales. Según la consellera Capdevila, “el consenso será la vía para reclamar estas modificaciones”, Se pide reducir el periodo de estancia en España para la nacionalización desde los diez años actuales a cinco. Esa reducción daría a los inmigrantes derecho de voto tras cinco años. Otra medida es la transferencia y gestión de nuevas competencias incluidas en el Estatut, como los permisos de trabajo o las inspecciones de trabajo. Otro eje se centra en crear un servicio universal de acogida y en reforzar los servicios públicos (incluye la unificación de criterios para empadronar). Finalmente, promueve el acceso al trabajo de los reagrupados y pide autorizaciones temporales para buscar trabajo en el sector de cuidado de ancianos.