El pacto nacional para la inmigración que impulsa el Gobierno catalán propone adecuar los servicios públicos básicos e incrementar su dotación económica, así como crear un servicio de acogida universal para evitar la competencia entre los inmigrantes y la población autóctona por estos recursos.

Estas medidas son algunas de las que recoge el documento de bases del Pacto que ayer presentó la consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, y que se abría a partir de ayer a un proceso de participación ciudadana que durará tres meses antes de ser aprobado por el Gobierno catalán.

El acuerdo, que pretende dar respuesta a las demandas y necesidades que genera el hecho migratorio, contempla 50 nuevas actuaciones que buscan garantizar una buena convivencia y la cohesión social entre toda la ciudadanía.

Capdevila destacó la necesidad de este “acuerdo estratégico” para asumir los retos que plantea la transformación experimentada por la sociedad catalana, que en los últimos diez años ha visto cómo llegaban a Cataluña más de 900.000 inmigrantes de 150 países diferentes.

La necesidad de evitar la competencia por los recursos públicos entre la población autóctona y los inmigrantes (que representan ya un 15% de los residentes en Cataluña) obliga, según las bases del Pacto, a reforzar los servicios públicos más básicos, como son la sanidad y la educación, para evitar que éstos pierdan calidad.

En el ámbito de la regulación de los flujos migratorios, la Generalitat tiene previsto además plantear al Gobierno central algunos cambios legislativos como que se concedan conjuntamente los permisos de trabajo y residencia y que se avance de diez a cinco años el período mínimo de estancia en España para obtener la nacionalidad española.

Capdevila, que ya avanzó su intención a este respecto el pasado lunes, destacó que la unificación de las autorizaciones de trabajo y residencia facilitaría la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes, en su mayoría jóvenes y mujeres, que llegan a través de la reagrupación familiar y que tienen permiso de residencia pero no pueden trabajar.

La Generalitat, por otro lado, es partidaria también de reducir de diez a cinco años el tiempo mínimo que un extranjero ha de vivir en el país para obtener la nacionalidad española, y propone conceder el derecho a voto a las personas extranjeras a partir de los cinco años de residencia regular.

Todas estas propuestas están también incluidas en el documento de bases del Pacto, que es el resultado de las reflexiones de unos 80 expertos en materia de inmigración.