La evolución del fenómeno migratorio y la necesidad de una formación continua de los profesionales que diariamente atienden a esta nueva realidad social, son los motivos de la realización del IV Seminario sobre Inmigración que organiza la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. En el día de ayer, el delegado del Gobierno en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán, fue el encargado de abrir este encuentro en el hotel Alborán de Algeciras, al que acudieron numerosos profesionales del Derecho, técnicos de Administraciones Públicas y miembros de asociaciones y ONGs vinculados con la inmigración.

El delegado del Gobierno resaltó la importancia de este tipo de seminarios en una zona «que acoge al 47 por ciento de la inmigración de la provincia». En referencia al título del seminario, ‘Derecho e Integración’, Gómez Periñán señaló que, si bien en la pasada legislatura el eje central fue el «control de los flujos migratorios», en esta nueva fase «el objetivo es la integración».

La inmigración ilegal «se ha reducido considerablemente, mientras que ha aumentado la reglada y el número de personas que vienen con contratos de trabajo temporales», valoró el delegado del Gobierno.

También se refirió a uno de los principales temas que ayer se trataron en el seminario: la nacionalidad. En este sentido, Gómez Periñán señaló que en el segundo semestre de 2007, 39.161 personas accedieron en la provincia a la nacionalidad española. «Hay que dar los mismos derechos pero también los mismos deberes. La situación culturalmente diversa, positiva y deseable, no puede ser nunca la coartada para justificar actuaciones que vayan contra la Constitución».

El delegado del Gobierno resaltó el fenómeno de la «feminización» de la inmigración así como la nueva atribución de responsabilidades en materia de inmigración a las Administraciones locales. En este sentido, Gómez Periñán señaló que la Junta destinará 1 millón de euros de ayudas a los municipios de la provincia para mejorar la gestión de sus competencias.

Nacionalidad

La subdirectora adjunta de Nacionalidad de la Dirección General de los Registros y del Notariado, Estrella Fernández, fue la encargada de abrir las ponencias para tratar uno de los pasos principales y definitivos de la integración de los inmigrantes y su peculiar tramitación.

Si bien en un primer momento, los trámites sólo podía realizarlos la Dirección General, a partir de 2004 los Registros Civiles de las ciudades se hicieron cargo de parte de las concesiones en determinados supuestos. Así, en 2007 el Registro Civil de Algeciras gestionó 145 solicitudes de nacionalidad, de las que concedió 104. Por su parte, el Registro de La Línea gestionó 60 solicitudes, y concedió finalmente 42.

En total, los dos Registros han concedido desde 2004 un total de 469 nacionalidades y han gestionado 648 solicitudes.

Estrella Fernández señaló que se trata de un proceso «excesivamente largo» que se une al «volumen de gestión enorme» que soportan los diversos agentes que actúan en la concesión de la nacionalidad. Actualmente la Dirección General tiene 180.000 expedientes en trámite.

Por otra parte, la subdirectora apostó por seguir trabajando en la simplificación de los requisitos y documentos exigidos a los inmigrantes para acceder a la nacionalidad y en la modernización en la tramitación de estos expedientes, con la creación de bases de datos generales.

A continuación, la segunda ponencia corrió a cargo de la asesora del Área de Migraciones y Asuntos Exteriores de la Oficina del Defensor del Pueblo, Elena Arce, que habló del trabajo de la entidad en esta materia.

Desde la creación de este departamento en 2001, ha tramitado 12.000 quejas y realizado 300 recomendaciones a la Administración.

Arce señaló que el Defensor del Pueblo detecta cuatro áreas claramente mejorables en materia de inmigración. Recomienda la modernización del sistema de gestión de extranjería, ya que muchos «sienten pavor a realizar trámites ante el marasmo de normativo y administrativo» y «mejorar la atención a la integración, en especial al «derecho de vivir en familia», indicó.

Por otra parte, pidió «mayor coherencia en el régimen de garantía de derechos» de los extranjeros y por último apostó por mejorar el tratamiento de la irregularidad.