Las ONG denuncian un incremento de las órdenes de expulsión a inmigrantes

Piden al Gobierno que no se aplique la sanción más dura de forma sistemática

Las Provincias, P. HUGUET, 10-04-2008

Las organizaciones integradas en la Mesa de Entidades y en el Foro Alternativo de la Inmigración denunciaron ayer que se ha producido un aumento de las órdenes de expulsión a extranjeros indocumentados. Estas ONG lamentan que se aplique la ley con la sanción más dura (la repatriación), en lugar de otras opciones, como las multas.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Valencia informaron de que el año pasado se abrieron 2.212 expedientes de expulsión. Esta cifra supone un incremento del 9,3% respecto a las 1.931 órdenes de 2006.

La impresión es muy diferente en las organizaciones sociales. Fuentes de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes calcularon que las órdenes de expulsión podrían haberse duplicado e incluso triplicado en el último año.

Explicaron que los abogados de oficio del turno de Extranjería hace un año atendían a seis o siete personas con expedientes de expulsión y actualmente los letrados “dan asistencia jurídica en un solo día a 15 o 16”.

El aumento de las personas que piden ayuda a las entidades del Foro y la Mesa también es superior a ese 9,3% que reflejan las cifras oficiales.

Estas ONG, a las que se unen la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes y la Asamblea Baobab, han convocado para hoy una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Las asociaciones solidarias, que han pedido dos veces reunirse con el subdelegado del Gobierno y no han obtenido respuesta, reclaman que no se proponga de forma sistemática la expulsión del inmigrante localizado sin papeles.

Según sostienen, “muchas sentencias, incluso con jurisprudencia del Tribunal Supremo, han cambiado la expulsión por multas de 300 o 400 euros”. Subrayan que se debe tener en cuenta la situación personal de cada inmigrante: por ejemplo, si se encuentra ya en trámites de obtener papeles, si los ha perdido por cualquier circunstancia excepcional o si tiene familiares en Valencia en situación de legalidad.

Otro argumento que emplean las ONG es que gran parte de las órdenes de expulsión no se ejecutan. De esta manera el inmigrante se queda durante tres años sin la posibilidad de solicitar papeles, “expuesto a la economía sumergida, a la explotación laboral y, en los peores casos, a la prostitución o la delincuencia”.

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