Maricel Chavarría
La mayor preocupación de las organizaciones dedicadas a la reinserción de mujeres prostituidas es conseguir identificar a las víctimas. Es decir, que las víctimas admitan que lo son y denuncien. La mayoría de las liberadas – o mejor dicho, detenidas por infringir la ley de extranjería- en la última operación policial dirán que han venido porque han querido. A quién le extraña. ¿Acaso se puede esperar que en un primer contacto con una persona que habla otro idioma, ha sido violada y amenazada y teme por su familia, como es el caso de las rusas, se presente una denuncia? España ni siquiera ha traspuesto la directiva europea sobre permisos de residencia para víctimas que colaboran con las autoridades. Ni cuenta con un estatuto de protección. Ni ha habilitado plazos de reflexión para que estas personas puedan informarse y decidir si denunciar o no. Así que no denuncian. Y por mucho que la policía sospeche de su vulnerabilidad, se quedan sin protección y con un expediente de expulsión. Pero la mayoría se quedan y, para enviar dinero a casa, vuelven a prostituirse.

La clave es la voluntad política, comentaba a este diario Gentiana Susaj, coordinadora de la Red Española contra la Trata de Personas. El Plan de Acción contra la trata, que recomendó hace años la comisión mixta de prostitución, no está listo ni se ha compartido borrador con la sociedad civil.

La clave es el deber ético, añadían desde la Plataforma para la Abolición de la Prostitución. Sí, dado que son hombres de estas sociedades los que consumen a esas mujeres.