El Gobierno ha elevado a los polizones a la categoría de inmigrantes indocumentados. Estos extranjeros, que hasta ahora tenían menos derechos que un extracomunitario irregular, estaban sumergidos en un limbo jurídico de legislaciones internacionales y de luchas entre los armadores y la Administración. El Ejecutivo ha terminado ahora con esa situación. Por primera vez, los denominados ‘extranjeros embarcados clandestinos’ serán tratados como inmigrantes y tendrán sus derechos mínimos.

El mando único, Joan Mesquida, y las directoras de Política Interior y de Inmigración, Rosario García y Marta Rodríguez-Tarduchy, han elaborado una instrucción conjunta en la que, siguiendo algunas de las instrucciones del Defensor del Pueblo, por primera vez se reconoce a los polizones el derecho a la asistencia de abogado gratuito. No obstante, la ayuda del jurista no será inmediata, ya que sólo tendrán esta asistencia los extranjeros que hagan constar expresamente «su intención de solicitar la entrada en territorio español» a la pregunta preestablecida ‘¿Qué solicita de las autoridades españolas?’

Esta condición previa ha sido ya criticada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otros organismos. El propio Defensor del Pueblo había exigido que la asistencia de abogado se reconociese desde «la primera entrevista al polizón». También por primera vez los policías que suban al buque estarán obligados a ir acompañados de intérpretes si los inmigrantes no entienden castellano.

Interior y Trabajo, que actualizan las normas dictadas en 2002, establecen en esta instrucción un protocolo taxativo para interrogar a los «extranjeros embarcados» por el que, entre otras cosas, los funcionarios estarán obligados a preguntarles «por los motivos por los que han abandonado su país». «Si de la información facilitada se desprendiera que el polizón podría estar en necesidad de protección internacional, los funcionarios procederán a informarle de su derecho a solicitar protección (…) y le entregarán un ejemplar del folleto ‘Asilo en España’», señala el documento.

Fuera del barco

Otra de las novedades es que el Ejecutivo fija una serie de circunstancias por las que el polizón podrá desembarcar, uno de los temas más espinosos, ya que, una vez en tierra, los patrones suelen desentenderse del clandestino. A partir de ahora, los subdelegados del Gobierno tendrán potestad para hacer bajar del barco al extranjero si «observa que existe vulneración de la prohibición de someter a personas a tratos inhumanos o degradantes». Las autoridades también podrán desembarcar a los polizones que precisen asistencia médica ó pedir ayuda a la Cruz Roja para atender una situación de crisis médica a bordo.

Si antes de la partida del buque el Ministerio del Interior no ha resuelto sobre la solicitud de asilo, la Administración obliga a partir de ahora a trasladar al extranjero a tierra, donde será atendido como si se tratara de un inmigrante ‘sin papeles’. En el caso de que no se le concediera la protección, el polizón pasará a considerarse como un clandestino más y será expulsado. CEAR ha denunciado que la instrucción se olvida por completo de los polizones que se encuentran en barcos fondeados.

El número de polizones llegados a los puertos españoles es una incógnita. Diferentes fuentes gubernamentales y de las ONG’s estiman que cada año pueden arribar a los puertos cerca de medio millar.