Paco Rodríguez

Madrid – El sexo es un negocio muy rentable. La mafias lo saben y se aprovechan de ello para engañar a las mujeres de otros países a las que prometen un futuro mejor en España, un trabajo, papeles de residencia e incluso facilidades para poder traer a su familia.

Nada más lejos de la realidad. Cuando llegan a España el paraíso se convierte en un infierno. Tienen que vivir en una habitación angosta, casi siempre compartida, les retiran la documentación y el dinero y son obligadas a prostituirse. En muchos casos, para que no se les pase por la cabeza intentar huir, les amenazan con matar a su familia, las maltratan o las someten a sofisticados rituales.

El tráfico de personas para su explotación sexual afecta cada año a más de 20.000 mujeres, según se denunció Ana María Uría, abogada de la Comisión de Extranjería del Colegio de Abogados de Cantabria. Uría reveló que el 59 por ciento de las víctimas proceden de América Latina, mayoritariamente de Brasil, Colombia, República Dominicana y Paraguay.

Según explicó la abogada en el «Curso de formación sobre Violencia de Género», este colectivo consigue su libertad después de pagar las deudas que contraen para llegar a España. Para ello, tienen que acceder a cumplir las órdenes de sus explotadores durante dos años, aunque en algunos casos el periodo puede reducirse a poco más de un año. En el otro extremo están las nigerianas y las rumanas, que nunca son liberadas por sus proxenetas.

Permiso de residencia

La única salida que les queda es denunciar su situación ante las autoridades, lo que, según la Ley de Extranjería, les permitiría conseguir un permiso de residencia aunque pese sobre ellas una orden de expulsión.

Pero ellas no conocen sus derechos, en muchos casos ni siquiera el idioma. Es más, tienen el convencimiento de que si acuden a la policía acabarán expulsadas del país por su condición de ilegales.

Esta situación se ve agravada por el sentimiento de fracaso por su situación y la desconfianza hacia los autóctonos y compatriotas propia de una persona que lucha por su supervivencia. Así, lejos de rebelarse, la mayoría prefiere asumir su situación y esperar a ser liberadas.

En este punto es en el que los abogados creen que se pueden mejorar las cosas. Por ello, Uría reivindicó la firma por parte de España del Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos que «trata el tráfico de mujeres para la explotación como un problema de derechos humanos y no de control migratorio».

Asimismo, solicitó que las víctimas tengan un trato benévolo por parte de las administración y que a través de la trasposición de la Directiva 2004/81, del Consejo de la Unión Europea, «se les conceda un permiso de residencia a las víctimas de la trata de seres humanos o que hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes». Esto abriría una vía para poder quedarse en España a las mujeres explotadas que decidieran dar el paso de denunciar su situación.

Otra de las aportaciones de la legislación española necesarias para combatir este problema y proteger a las víctimas es la aprobación de un Plan Nacional contra la trata con fines de explotación sexual y el conceder el estatuto de víctima en el proceso penal español para la persona traficada porque, según Uría, «entendemos que no es suficiente la aplicación de la Ley de Testigos Protegidos para intensificar la persecución de la trata».

Concreción de las normas

En opinión de la abogada de la comisión de Extranjería, el avance en la lucha contra estas mafias pasa por la modificación del Código Penal porque el artículo 318 incurre en un error «porque no todo el tráfico para la explotación sexual es ilícito y no todo el tráfico de personas es para la explotación sexual».

En esta línea, Uría incidió en la necesidad de perfeccionar la Ley de Extranjería: «Su único objetivo «es la lucha contra la inmigración irregular, no la protección de la víctima» y «no se ajusta a las peculiaridades de la trata ni a las particulares condiciones de las víctimas de la trata».


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