“Los locales de alterne son negocios normales, regentados por personas normales, que quieren regularizar su situación y que tienen todos los derechos para ello”. Este es uno de los lemas que pueden leerse en la página web de Anela (Asociación Nacional de Locales de Alterne), entidad que existe desde 2001.

Pero algunos de sus miembros no parecen predicar con el ejemplo. Al menos eso es lo que se desprende de una sentencia del Tribunal Superior. La resolución confirma una multa de 102.000 euros a un club de alterne de Silla, miembro de Anela, por albergar en su local a 17 mujeres de nacionalidad extranjera sin permiso de trabajo.

La Subdelegación del Gobierno impuso una sanción algo mayor al considerar la presencia de 18 prostitutas, pero el TSJ rebaja la cuantía tras el recurso del propietario del club – representado por los propios servicios jurídicos de la asociación – y comprobarse que una de ellas si tenía permiso de trabajo.

El club sostuvo que las mujeres no tenían vínculo alguno con el local y que trabajaban “por cuenta propia”. Pero la sentencia concluye que mantenían una “relación laboral” con el establecimiento.