La tercera parte de los perceptores de la renta básica del Gobierno de Lakua cuenta con un empleo y un salario, pero insuficiente y se ve obligado a completarlo con esta prestación. El Departamento de Empleo quiere incentivar a los beneficiarios a acceder al mercado laboral.

Mujeres sin pareja y con hijos menores a su cargo, inmigrantes y mayores que complementan sus insuficientes pensiones son los perfiles de buena parte de las personas que reciben la denominada renta básica del Gobierno de Lakua en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

El Departamento de Empleo ha llevado a cabo un estudio sobre las características de los perceptores de este ingreso que fue presentado ayer por el consejero Joseba Azkarraga y responsables del Departamento.

Entre las conclusiones, Azkarraga destacó que una tercera parte de las personas que recibe estas prestaciones cuenta con un empleo, pero sus ingresos son tan escasos que no alcanzan siquiera los límites establecidos para percibir la renta básica.

Las mujeres son el 68,3% de las personas perceptoras y más del 40% tiene a su cargo hijos menores de 16 años. El 30% de los beneficiarios procede de fuera del Estado español, pese a que representan sólo el 5% de la población total de la CAV.

Además, aunque de las 71.143 personas que han recibido esta renta básica desde 1989, el 61,2% ha salido del programa, todavía persiste un 24% que lleva más de seis años percibiéndola.

El consejero recordó que el acceso a la prestación de los pensionistas y la llegada de inmigrantes ha aumentado el número de perceptores hasta los 29.586 del año pasado. Reconoció que muchas personas se mantienen porque el acceso al empleo no garantiza salir de esa situación de pobreza y optan por la renta básica antes que por un salario que no cubre sus necesidades.

Precisamente, indicó que el trabajo presentado pretende calibrar «hasta qué punto las personas que reciben la ayuda quedan atrapadas por las propias condiciones de la prestación y optan por rechazar trabajos poco remunerados».

Subrayó que el objetivo de la prestación es apoyar la inserción laboral, por lo que «no tiene sentido equipararla con el Salario Mínimo Interprofesional». «Empleo precario y renta básica son compatibles», admitieron los responsables del Departamento y opinaron que lo que debe incrementarse es el SMI, decisión que está en manos del Gobierno español.

Según la encuesta, tras descontar a quienes por edad, problemas de salud o por ser inmigrantes no regularizados no pueden acceder al mercado de trabajo, casi la mitad de los perceptores (47,2%) «debería comprometerse a firmar un convenio de inserción».

Mientras el 30% ya lo ha hecho, destacó que el restante 20% deberá hacerlo y que ya ha habido casos de personas que han dejado de percibir la ayuda por rechazar un empleo.

Lakua pretende incentivar el acceso al empleo de estas personas con formación, acciones de «contrapeso» a la desmotivación para acceder a un trabajo y apoyos para conciliar vida familiar y laboral.

El 33% de quienes reciben la renta básica es menor de 60 años y necesita complementar sus ingresos; el 29,1% lleva más de un año en paro; otros tantos son pensionistas y un 8,7% realiza labores del hogar.

Lakua pide «extremar el celo en el control de las ayudas»

Junto al estudio sobre el perfil de los perceptores de renta básica, los responsables del Departamento de Empleo quisieron subrayar su «sorpresa porque no se pudo entrevistar a un elevado número de personas, bien porque se negaron o porque fueron ilocalizables. En su opinión, «existe un algo riesgo de percepción irregular o de fraude» ya que «un 5% sigue cobrando la prestación de la renta básica».

Aunque posteriormente, matizaron que no se puede hablar de fraude, insistieron en que «algunos servicios sociales de base no realizan una adecuada labor de seguimiento y control» por lo que el Departamento ha instado a todas la instituciones a extremar el celo en el control de las ayudas, así como a tomar las medidas reglamentarias que están previstas».

Precisamente el pasado miércoles mantuverion una reunión con los servicios de ayuntamientos y diputaciones para que aumenten este control y anunciaron que «se generalizará el uso del diagnóstico e intervención social en el sistema público de servicios sociales en todos los programas de ayudas» y se crearán unidades técnicas de inclusión social. P.R.A.