El INE exige a los comunitarios inscribirse en un registro especial, un requisito que no deben cumplir otros inmigrantes Aunque parezca increíble, los ciudadanos europeos tienen más difícil apuntarse al padrón municipal en España que cualquier otro inmigrante sin papeles. La gestión se vuelve un calvario especialmente para rumanos y búlgaros, que ingresaron en la Unión Europea en enero de 2007 y son los más numerosos a la hora de registrarse.

Hasta ahora, bastaba con acreditar la identidad – con el pasaporte – y el lugar de residencia – con una factura de luz o gas – . Sin embargo, el pasado 27 de noviembre, tras una reunión del Consejo de Empadronamiento, el Instituto Nacional de Estadística (INE) dictó nuevas instrucciones a los ayuntamientos, a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

En ellas se exigía que los ciudadanos comunitarios «deberán figurar inscritos en el Registro Central de Extranjeros – que depende de la Dirección General de la Policía – y estar en posesión de un certificado de este registro». Sin embargo, esta nueva petición no afecta al resto de inmigrantes, a los que se les sigue exigiendo los requisitos antiguos, aunque no tengan residencia legal.

El problema es que, para apuntarse en el nuevo Registro en ciudades como Madrid, están dando cita para seis meses. Cuando este diario llamó ayer para pedir cita en el Registro, le dijeron que estaban dando hora para el 25 de septiembre.

Para dictar estas órdenes, el INE se basó en el Real Decreto 240/2007 sobre la entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de los Estados de la UE. Tras su entrada en vigor, varios ayuntamientos tuvieron dudas y se dirigieron al INE para consultarles qué debían hacer respecto al padrón. Fuentes del INE explicaron a este diario que el Consejo de Empadronamiento se limitó a resolver las dudas planteadas desde los gobiernos municipales.

El consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández – Lasquetty, considera que con esta medida el Gobierno «pretende invisibilizar a los miles de rumanos y búlgaros que han venido a España». «El Ejecutivo ha tomado una decisión, que está muy poco fundada jurídicamente, para poner todo tipo de trabas a los rumanos y que no puedan acceder a la legalidad. Están intentando disimular el fracaso de la moratoria impuesta a rumanos y búlgaros», denuncia Fernández – Lasquetty.

Las asociaciones de rumanos y búlgaros ya han dado la voz de alarma porque consideran que la instrucción es discriminatoria. «La medida es absurda y no tiene apoyo legal. Los ayuntamientos están poniendo trabas para que los rumanos se empadronen y logren conseguir plazas escolares y tarjetas sanitarias», explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes Rumanos, Miguel Fonda.