SAN SEBASTIÁN.DV. La Fiscalía de Gipuzkoa constató a lo largo del pasado año que los delincuentes se muestran cada vez más proclives al uso de la violencia como medio para la consecución de sus fines. Así lo afirma Jaime Goyena, fiscal jefe de la Audiencia de Gipuzkoa, en la memoria anual correspondiente a 2007.

El ministerio público recuerda en el documento que si bien el número robos que se incoaron en el territorio guipuzcoano a lo largo de 2007 fue un 2% inferior al del ejercicio anterior, este limitado descenso en la cifra total de los delitos cometidos contra el patrimonio es compatible con aquellos informes sociológicos que, al igual que en años anteriores, «siguen mostrando una sensación creciente de inseguridad por parte de la ciudadanía, sensación que puede verse incrementada por el hecho de que, al menos en la provincia de Gipuzkoa, se mantiene la tendencia ya observada en años anteriores del progresivo incremento en el número de robos», precisa la Fiscalía. En este sentido, el ministerio público cifra en 0,8% el aumento de los robos con fuerza en las cosas perpetrados en 2007 en el territorio guipuzcoano, mientras que precisa que los delitos de robo con violencia o intimidación, es decir, los atracos, han subido un 20,7%.

Precisamente, esta actividad delictiva es, según la Fiscalía, es la que más alarma social genera, «probablemente porque los atracos van acompañados de actos de violencia sobre los bienes o sobre las personas», precisa.
El informe fiscal constata que teniendo en cuenta que el número total de delitos contra el patrimonio cometidos en 2007 (24.676) y el del año anterior (25.252) fue muy similar, y que en 2007 se detectó un descenso en la cifra de hurtos y un incremento en la de robos, «parece evidente que estamos asistiendo a un paulatino cambio en el modo de proceder de los delincuentes». Considera que éstos se muestran cada vez más proclives al uso de la violencia como medio para la consecución de sus fines, una circunstancia que se ve corroborada por el notable incremento que experimentó en 2007 el número de delitos de lesiones. En este sentido, la Fiscalía señala que de todas las causas que se incoaron por delitos contra las personas, el 70% lo fueron por lesiones.

Homicidios

La memoria fiscal precisa que «por su radical afectación al bien jurídico de la vida», los delitos de homicidio y asesinato merecen en el informe una mayor atención. En 2007 se cometió un asesinato frente a los 2 registrados en 2006. Respecto a los homicidios, el pasado año se contabilizaron 21 casos, cuatro menos que el ejercicio anterior. No obstante, es preciso hacer la salvedad de que dichas cifras engloban todos los procedimientos incoados por delitos de homicidio, lo que incluye tanto los supuestos de consumación como los de tentativa.
La memoria revela asimismo que cada dos días se comete en Gipuzkoa un delito contra la libertad sexual. En año 2007 fueron incoadas un total de 182 causas por ilícitos de esta índole, frente a las 164 del año anterior. «Ello afianza la tendencia ascendente de esta clase de delitos, pues esa variación supone un incremento del 10% respecto de la cifra del año anterior», se indica en el memoria que, igualmente, certifica el «incremento paulatino» de los delitos de tenencia o tráfico de material pornográfico.

Extranjería

El informe fiscal dedica un capítulo a los delitos cometidos por extranjeros que residen en Gipuzkoa. El total de actuaciones ilícitas imputadas a ciudadanos extranjeros alcanzó en 2007 el 15,32% del total de los delitos perpetrados en la provincia, «cifra ésta muy superior al porcentaje de población extranjera residente en Gipuzkoa, que es de tan solo un 4,18%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística», señala Fiscalía. El ministerio público recuerda que, según dicha fuente, el territorio contaba con una población total de 694.944 personas, de las cuales 29.040 eran extranjeras.
La Sección de Extranjería de la Fiscalía descubrió a lo largo del pasado año diversos casos de matrimonios de conveniencia con la exclusiva finalidad de obtener la residencia o impedir que se proceda a una expulsión administrativa. En este sentido, precisa que cada vez es más frecuente la presentación de certificados de matrimonios entre personas que residen en lugares diferentes, o incluso de extranjeros que se encuentran en prisión y que han contraído matrimonio con un ciudadano español. «Así, por ejemplo, surge la duda sobre la validez para impedir la expulsión judicial de un caso en que un condenado magrebí cuyo domicilio se encuentra en Bilbao presenta un certificado de matrimonio con una española en Asturias», señala la memoria fiscal.