La Fiscalía de Huelva elevó ayer a definitiva su petición de un año y nueve meses de cárcel para el alcalde de Cortegana (Huelva), Antonio Marín (IU), así como para los otros 12 imputados acusados de los presuntos delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños tras los incidentes contra la comunidad gitana registrados en Cortegana el 16 de enero de 2005 en el transcurso de la protesta organizada por el Ayuntamiento tras la muerte del vecino Mateo Vázquez el 1 de enero anterior, por la que fueron detenidos dos vecinos gitanos.

Igualmente, la Fiscalía pide, por el delito de daños, la pena de multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria y con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas; si bien, de dichas cantidades – que reparte proporcionalmente a los daños ocasionados entre los acusados, a excepción del alcalde – responsabiliza, de forma subsidiaria, al Ayuntamiento de Cortegana .

Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución de los acusados y la acusación particular introdujo ciertas modificaciones, pues retiró su petición contra I.R.M. «al no estar acreditada su participación en los hechos».

La defensa, sólo un año

La acusación redujeron a dos años de cárcel su solicitud para I.L.C. y M.J.P. por el presunto delito de provocación al odio racial, y solicitó finalmente un año de prisión para el primer edil, Antonio Marín, por un supuesto delito de manifestación ilegal, mientras que para el resto de imputados pidió tres años de prisión acusados de los delitos de provocación al odio racial y de manifestación ilegal, así como otros dos años de cárcel por un presunto delito de amenazas a la minoría étnica gitana.