Aladro tomó declaración ayer a tres realojados gitanos de Pontevedra

Tras la comparecencia el lunes en las dependencias de la Fiscalía de Pontevedra de los dirigentes vecinales de Monte Porreiro denunciados por supuestas amenazas y coacciones en el marco de los realojos de familias gitanas, ayer le tocó el turno a los presuntos perjudicados. El fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, quiso aclarar que «la sociedad debe saber que la Fiscalía no está para arreglar el problema social, sino para considerar si existe o no un ilícito sobre un hecho ya pasado. No es la solución del problema. Hay que buscarla en otros sitios».

En compañía de un abogado, Magdalena Montoya, Rocío Juncal y Antonio Giménez trasladaron al fiscal jefe las situaciones que vivieron durante su breve estancia en el barrio pontevedrés. Un período de tiempo en el que, según manifestaron posteriormente, fueron víctimas de comportamientos racistas por parte de muchos vecinos y en el que llegaron a sentir temor por su integridad física.

Por su parte, el responsable del ministerio público pontevedrés optó por guardar un «mutismo absoluto […] habida cuenta de que las declaraciones son secretas». En cualquier caso, adelantó que en las próximas jornadas tiene intención de que se lleven a cabo nuevas comparecencias y tomas de declaraciones, al tiempo que se recabarán distintos informes de diferentes fuentes, Administraciones, personas y colectivos sociales.

Asimismo, se mostró convencido de que en breve habrán concluido las diligencias informativas abiertas, instante en el que se decidirá si se abre o no un procedimiento judicial con su remisión a un juzgado o si se archivan. «En su momento, decidiremos lo que hacemos».

Por otra parte, confirmó, al igual que la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, que el Concello de Poio aún no remitió un informe sobre los incidentes en el último pleno municipal.