La muerte de un bebé de cuatro meses en una ludoteca de Barcelona ha destapado la red de guarderías ilegales que prolifera en España con el crecimiento de la inmigración y ante la escasez de plazas de educación infantil. Cobran por cuidar niños todo el día en pisos o locales menos que en un centro regulado. También con menos garantías. Es la solución improvisada de familias que no tienen con quién dejar a los niños mientras trabajan. Son sobre todo inmigrantes de pocos recursos. A menudo, no les llega la información sobre las posibilidades educativas de sus hijos en España. Las plazas públicas de guardería, aunque sean pocas, se otorgan sobre todo por la renta familiar. Todos los niños, sea cual sea la situación legal de su familia, tienen derecho en España a la educación, pero la red pública y concertada sólo cubre la educación de los tres años en adelante.

En la actualidad hay 1,4 millones de menores de tres años en España, de los que sólo 270.000 están escolarizados. El 43% de las familias con niños en estas edades ha pedido una plaza en un centro de infantil, pero sólo la obtiene el 16,6%.

En Cataluña, para abrir una ludoteca (en teoría un local de juegos) sólo se necesita una licencia de actividad municipal. La Generalitat afirma que prepara una normativa. Ya aseguró lo mismo hace dos años cuando murió una niña de cuatro meses en un centro de Sant Cugat y cuando un juez ordenó cerrar una ludoteca en Vilanova i la Geltrú por el presunto maltrato a menores. “Preparamos una norma que estará lista antes del verano”, según un portavoz de la Generalitat.

“No nos cansamos de repetir que las ludotecas no sustituirán nunca a las guarderías”, señala un portavoz de la agrupación de ludotecas de Cataluña Atzar. Los menores de tres años deben acudir acompañados de un adulto. De lo contrario, “no se puede considerar” una ludoteca. “Nuestro objetivo no es cuidar niños en ausencia de sus padres, sino permitirles disfrutar de unas horas relajadas de juego acompañados de sus hijos”, señala la patronal catalana. Pero algunas ludotecas operan de hecho como guarderías y a precios más bajos. Dos de ellas, consultadas por EL PAÍS, cobran entre 250 y 350 euros, cuando las guarderías privadas rondan los 400. Eso sí, a diferencia de las escuelas infantiles, sin control alguno por parte de Educación. Para las escuelas infantiles, un caso claro de competencia deseal.

En Madrid, el Ayuntamiento distingue entre ludotecas y centros de recreo infantil. Las 21 ludotecas municipales, gestionadas por la Cruz Roja, son “espacios socioeducativos que a través de juegos y dinámicas de grupo pretenden transmitir hábitos saludables”. Sus responsables deben tener la formación de monitores de animación o educadores sociales y sólo pueden entrar menores de 6 a 17 años. Los centros de recreo infantil están menos controlados. No hay un censo. El Ayuntamiento supervisa la concesión de la licencia de actividad. Una ordenanza municipal aprobada en 1998 establece las condiciones “higiénico sanitarias y técnicas” de los establecimientos, según la normativa, que “de forma esporádica” atienden niños. Un cuidador con titulación de técnico especialista en jardín de infancia “o equivalente” debe custodiar cada sala.

La regulación queda al arbitrio de cada región, algo que no convence a la Plataforma Estatal por la Defensa de 0 – 6, un organismo que vela por la educación infantil. Ya han recogido 20.000 firmas para exigir al Gobierno que regule cualquier tipo de centro en el que los padres dejen a sus hijos al cuidado de otras personas. “Me da igual cómo los llamen; ludotecas, cangurotecas, casas amigas, … esos nombres camuflan la falta de cobertura de plazas de calidad y una buena oferta”, según Alicia Alonso, portavoz de la plataforma. Ella los llama “aparcaniños” y denuncia que “se les exige lo mismo que para abrir una cafetería, aunque se encargan de las criaturas más vulnerables”, añade. “Es gravísimo que el Ministerio de Educación no ejerza ningún control sobre este tipo de establecimientos”.