Los Gobiernos de España y Brasil acordaron ayer que policías de ambos países puedan trabajar juntos en los respectivos aeropuertos para aplicar la normativa de Schengen y brasileña vigentes “con las máximas garantías para los viajeros”.

En una reunión celebrada en Madrid para intentar zanjar la guerra de devoluciones de españoles y brasileños en los aeropuertos de ambos países, representantes de los dos gobiernos acordaron además instalar, “a la brevedad posible”, cajeros automáticos accesibles a los viajeros en el área de control migratorio, ya que uno de los requisitos de la normativa Schengen para los extranjeros de fuera de la UE es llevar 60 euros por día de estancia prevista en el país.

En cuanto a los inadmitidos, y tras las denuncias de maltrato de algunos ciudadanos brasileños a los que les fue negada la entrada en España, el Ministerio de Asuntos Exteriores se limita a señalar en un comunicado que ambas partes “consideraron las condiciones sobre asistencia jurídica, manutención, higiene, comunicaciones y acceso al equipaje”.