Antonio Marín, el alcalde de Cortegana (Huelva) por Izquierda Unida, acusado, junto con otros 12 vecinos del pueblo, de los desórdenes públicos vividos el 16 de enero de 2005, negó ayer su participación en la primera sesión del juicio que se celebró en la Audiencia de Huelva. De la misma manera, el resto de acusados dijo no tener nada que ver con lo sucedido.

Los disturbios se produjeron en el marco de la manifestación convocada por el Ayuntamiento de Cortegana, a petición de los familiares de Mateo Vázquez, que había sido asesinado el 1 de enero. La protesta derivó en un intento de linchamiento con tintes racistas. Parte de los 1.500 vecinos que habían secundado la manifestación, terminó acudiendo a la barriada de Las Eritas, acusando a las familias gitanas que allí viven de ser las causantes del clima de inseguridad que, decían, se vivía en el pueblo.

Durante la marcha también se entonaron algunos gritos contra los gitanos y se enarbolaron pancartas contra esta comunidad, tal y como se pudo apreciar ayer en el visionado de vídeos que, como prueba documental, aportaron las acusaciones.

Los vecinos “lanzaron piedras y otros objetos contra las viviendas, los coches y otros efectos de los vecinos gitanos, teniendo que ser parados y apartados del lugar por agentes de la Guardia Civil y causando numerosos desperfectos”, afirma el escrito de acusación del fiscal. Por ello, pide un año y nueve meses de cárcel a cada uno de los acusados por un delito de desórdenes públicos y otro continuado de daños.

Antonio Marín defendió ayer su inocencia argumentando que la manifestación tenía el permiso de la Subdelegación del Gobierno – que según él había prometido disponer de las medidas de seguridad necesarias – y que contaba con un itinerario cerrado que no incluía la barriada de Las Eritas. “Al llegar a la plaza donde terminaba, vimos que muchos de los vecinos seguían la marcha. En ese momento pensé que podía haber habido una confusión acerca del itinerario”, afirmó.

Al alcalde y a otros 12 vecinos, que también negaron su imputación, se les acusa de delitos de desórdenes públicos y otro continuado de daños, cargos por los que la Fiscalía solicita un año y nueve meses de prisión así como la pena de multa de 18 meses, a razón de seis euros por cada cuota diaria.