POR ÉRIKA MONTAÑÉS

SANTIAGO. En lo político, ha sacado a flote manifiestas discrepancias. En lo social, no obstante, ha ofrecido pocas divergencias. Y es que el realojo de familias de etnia gitana procedentes de poblados chabolistas ha hecho estallar un auténtico conflicto en Galicia y, aunque ha vivido soterrado durante un tiempo, cuando a un payo le anuncian, por activa o por pasiva, que quien va a ocupar la puerta contigua forma parte de un clan cíngaro y emigra de un asentamiento donde el mercadeo de droga y la delincuencia están a la orden del día la reacción es, por lo general, la misma: intentar evitarlo.

Así lo han hecho conjuntamente los barrios de Pontevedra, Poio y Ponte Caldelas, Monte Porreiro, Boa Vista y Caritel respectivamente, que libran una particular batalla sin cuartel desde finales de 2007 y ahora recogen su testigo los barrios coruñeses de Eirís, Los Rosales y Nuevo Mesoiro, ante la próxima destrucción del poblado de Penamoa. Por el momento hay convocadas manifestaciones de protesta contra la gestión de la Xunta y los ayuntamientos implicados para el próximo 4 de abril.

La grieta política no es insutancial. Cuatro administraciones nacionalistas se han visto engullidas en el conflicto y la brecha en el seno del partido ha salido a la luz, aunque con matices. Primero, la Consejería de Vivienda, dirigida por Teresa Táboas, decide diseminar el realojo de las seis familias gitanas cuyas chabolas fueron derruidas a finales de 2007 por orden judicial en el poblado marginal de O Vao entre Monte Porreiro (tres de las familias), otras dos familias en un inmueble de Caritel y otra en un piso de Poio. Todo a cuenta del erario público, que ha incluido ayudas por valor de 700.000 euros para erradicar el chabolismo en Galicia. El alcalde del último municipio, Luciano Sobral (BNG), se muestra partidario de la nueva residencia de los gitanos, pero se pone en contra a todo el pueblo y al vecino barrio de Monte Porreiro, hasta el punto de que unos exaltados destrozaron su coche al filo de la medianoche este pasado martes.

Al contrario, el primer edil de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, no es cómplice de sus correligionarios nacionalistas. Reprochó a Vivienda el realojo sin previo aviso. Llegó a cortar el agua del edificio donde fueron realojados en Monte Porreiro un matrimonio de 20 años con un niño, una señora de 80 años y otras dos de 50, un matrimonio mayor y otra pareja con dos hijas adolescentes. Llegó a prohibir que pintasen sus pisos destartalados. Llegó a pedir los antecedentes penales de los realojados, al tiempo que en el edificio crecían las coacciones y amenazas, denunciadas por el presidente de la Asociación Pueblo Gitano, Sinaí Giménez, que demandó a la asociación vecinal O Mirador por «golpear las puertas de las casas, tratar de impedir el acceso de los afectados, dañar un coche y romper la cerradura del portal».

Otra mudanza ocasional

La presión vecinal forjó que un mes y medio después esas familias mudasen, algunas con carta de vuelta al poblado marginal para reinstalarse en chabolas ya habitadas. En Caritel pernoctan todavía algunos de los 16 gitanos realojados en una aldea de apenas 80 habitantes. Mientras, en la ciudad herculina, ayer se daba un paso al frente para salir del embrollo en el que le han metido los «bulos», según calificación del alcalde socialista Javier Losada, que han corrido sobre la reubicación de las familias que habitan desde hace una década en el poblado de Penamoa, a medio kilómetro del centro de la urbe, en distritos como Nuevo Mesoiro, de inquilinos de perfil muy joven. En breve, presentarán un plan pionero en Galicia que opte por la prevención de focos de xenofobia.

A pesar de los mensajes coreados por políticos y asociaciones para no estigmatizar al colectivo gitano, para no identificar chabolista con traficante y tratar de discernir el trigo de la paja, los vecinos consultados replican con inflexible firmeza: quieren garantías por escrito de que no se optará por el realojo de gitanos y el traslado, con ellos, de la problemática nacida del germen de la marginalización y que aún despunta con acento romaní.

Los poblados chabolistas en la periferia de ciudades gallegas como Pontevedra y La Coruña no son nuevos, ni tampoco sus problemas marginales, pero el realojo de varios de sus residentes ha detonado el conflicto

MIGUEL MUÑIZ

Pancartas que destilan ironía y queja en el barrio pontevedrés de Monte Porreiro contra la ubicación de familias chabolistas