Donostia. Su nombre es Sunita, procede de Nepal y hace años que vive en la CAV, donde ha formado una familia junto a su marido, de nacionalidad estatal. Hace tres meses fueron padres de dos niñas, pero la sorpresa de la pareja fue mayúscula cuando fueron a solicitar las ayudas por hijos, el conocido cheque bebé . Nada de nada. “Nos dijeron que lo debía pedir la madre, pero la normativa exige que se tenga como mínimo residencia legal desde hace dos años”.

En ese momento Sunita acumulaba año y dos meses de residencia y trabajo. Es imaginable el jarrón de agua fría. Sus expectativas se vieron frustradas.

Para que este tipo de políticas sociales “discriminatorias” no campen a sus anchas, el domingo parte desde Trintxerpe hasta Donostia la XI marcha contra la exclusión y la xenofobia, que este año pone el acento en las políticas sociales impulsadas por el Estado en los últimos meses, que no favorecen precisamente a las personas extranjeras, según denuncian.

Si algo caracteriza a la marcha de este año es la enorme adhesión que ha logrado, al menos en cuanto al número de organizaciones adscritas, que se elevan al medio centenar, nueve más que el año pasado.

Ninguna de ellas comparte las medidas impulsadas por el Gobierno estatal, al menos aquellas que guardan relación con el conocido cheque bebé y otras políticas sociales. “De las ayudas de 2.500 euros por hijo han sido excluidas las parejas extranjeras residentes aquí o se les ha impuesto condiciones especiales, distintas a las de los autóctonos”, denunció Agustín Unzurrunzaga, portavoz de Sos Racismo.

Otro tanto ocurre con las ayudas para abonar el alquiler de viviendas para las personas jóvenes, a las que no tienen acceso muchas de estas parejas porque se les exige disponer de un permiso de residencia permanente que no pueden acreditar.

Con la letra de la ley en la mano, este requisito se ve cumplido a los cinco años de residencia legal, pero en la práctica se alcanza después de siete u ocho años de estancia. “Es curioso, porque hay ocasiones en que después de mucho tiempo tras el permiso, una vez conseguido, muchas personas ya no tienen la edad suficiente para recurrir a este tipo de prestaciones”, lamentó Unzurrunzaga.

Las organizaciones sociales hacen extensible la crítica al Gobierno Vasco, del que lamentan la “incapacidad demostrada” para llevar a la práctica la literatura que contempla el Plan de Inmigración. “La ciudad inclusiva en la que dice basarse el plan tiene que ser algo más que una palabra y demostrarse en los hechos”, denunciaron.