Educación desvelará el lunes el uso que dará al instituto de Martutene ocupado por rumanos

Diario de noticias de Gipuzkoa, Departamento de educación, 28-03-2008

El Consistorio donostiarra cree que la nueva ocupación se debe a “un error administrativo” que también asume

Donostia. El Gobierno Vasco dará a conocer la próxima semana el futuro uso que contempla dar al destartalado instituto del barrio donostiarra de Martutene, que vive su segunda ocupación por parte de ciudadanos del este de Europa dos meses y medio después de su desalojo.

El Departamento de Educación, consciente de que el desahucio del pasado 9 de enero no fue más que un mero parcheo temporal, lleva tiempo intentado despejar la incógnita que representa este antiguo centro de Formación Profesional, clausurado hace cinco años y que vive un progresivo estado de deterioro aprovechado estos días como cobijo por algunos de los estratos sociales más bajos de Gipuzkoa.

La problemática que anida en las paredes de este viejo centro formativo del barrio donostiarra se viene larvando tiempo atrás y es de hondo calado. Agustín Unzurrunzaga, portavoz de Sos Racismo en Gipuzkoa, reconocía ayer a este periódico, tras una rueda de prensa celebrada en Donostia, que el colectivo que ocupa la instalación no mantiene contacto con ninguna asociación, lo que hace prácticamente inviable cualquier intento de buscar alternativas dignas. “Hemos recibido, incluso, llamadas de personas de etnia gitana que residen en Gipuzkoa interesadas en trabar contacto con estas familias para buscar soluciones, pero no ha sido posible”, admitía. Se da la circunstancia de que la mayor parte de los nuevos moradores del instituto son romis (gitanos en rumano).

Los empleados municipales, que asistieron el año pasado a cursos de formación específicos sobre la realidad de la migración rumana, son conscientes de que la cultura y las costumbres de este grupo nómada, víctima de exclusión social en su propio país de origen, provoca que con frecuencia rechace la ayuda que se le presta desde los servicios sociales de base.

El responsable de Inserción Social del Ayuntamiento de Donostia, Iñigo Estomba, ofreció ayer una muestra palpable de ello al reconocer que, tras producirse el primer desalojo del edificio, el Consistorio trató de buscar soluciones para estas personas, pero “resultó imposible”, a pesar de los denodados esfuerzos del equipo de mediación, “ponerse en contacto con un 90% de este colectivo”.

El titular de Bienestar Social lamentó la excesiva demora con la que se está actuando en la búsqueda de una solución definitiva a este problema y llegó a calificar esta segunda ocupación de rumanos como el fruto de “un error administrativo, en el que también me incluyo”.

Lo cierto es que durante todo este tiempo el Consistorio se ha sentido de algún modo maniatado por un edificio que no es de su titularidad, y por ello ha lanzado la pelota al tejado del Departamento de Educación, propietario del inmueble. El alcalde de Donostia, Odón Elorza, ha vuelto a enviar dos misivas al Departamento de Educación e Interior urgiendo una pronta solución, tal y como ha reconocido esta misma semana.

una rémora Fuentes cercanas al Gobierno Vasco admiten que el tedioso proceso administrativo que ha precedido la búsqueda de nuevos usos para el inmueble se ha convertido en una rémora que arrastra sus consecuencias. “Intentaremos que este tipo de sucesos no vuelvan a producirse y que el segundo desalojo que se pueda llevar a cabo sea más coordinado”, recalcan.

Por lo pronto, la propuesta de futuro para el desvencijado inmueble ya está sobre la mesa y, al parecer, “sólo le restan unos pequeños flecos” que se darán a conocer el breve. Educación es consciente de que de nada sirve proceder a un desalojo tras otro “si no tenemos claro qué vamos a hacer con el edificio”, admiten las mismas fuentes.

El perfil más joven que presentan los nuevos moradores del edificio también es motivo de preocupación para este departamento, que se ha puesto en contacto con la Diputación para conocer las condiciones en las que pudieran estar viviendo los menores rumanos alojados.

Fuentes de la Diputación informaron que ante este tipo de situaciones “lo normal” es que los servicios sociales de base “sean los que se pongan en contacto con nosotros para derivarnos aquellos casos que fueran necesarios”.

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