Lo estipulado es que cuando la Guardia Civil pesca en la orilla a un inmigrante que intenta entrar en Ceuta a bordo de una colchoneta hinchable botada al otro lado de la escollera, lo conduzca a pie a la frontera y lo entregue a las autoridades de Marruecos. Como quiera que este país se niega sistemáticamente a aceptar a los ilegales que acaban de salir de su propia costa, ha pasado a ser habitual, según leo, que los agentes les obliguen a volver a nado. Previamente les inutilizan los flotadores para evitar que reincidan, al menos ese mismo día. El problema llega cuando hay un inmigrante que no sabe nadar.

Lo lógico es que cuando una familia conflictiva tiene amedrentado a un pueblo de más de un millar de almas con pendencias y amenazas casi diarias, las autoridades intervengan a tiempo para evitar que la situación pueda gangrenarse. El problema se produce cuando, después de muchas semanas viviendo bajo la intimidación, los vecinos se arman con palos y se dirigen hacia la casa de los provocadores.

Si es cierta la versión de los hechos que da la Comisión de Ayuda al Refugiado, los guardias de Ceuta se equivocaron gravísimamente al dejar a su suerte en el agua al senegalés que acabó ahogándose, como los habitantes de la pacense Mirandilla erraron cuando acudieron decididos a linchar a sus agresores. Sin embargo, agentes y lugareños son también víctimas, las víctimas de un sistema que no funciona y que les pone en el brete de tomar decisiones sobre cuestiones que la Administración debería haber resuelto antes.

Hay una verdad oficial y está la realidad cotidiana a la que nos toca enfrentarnos. Existe en los papeles la vida como debería ser, en la que todo está previsto y no quedan cabos sueltos. Sale publicada a diario en el BOE y puede guardarse en los anaqueles. Y luego está la vida tal y como es, con su letra pequeña. En el mundo virtual, los guardias civiles y los vecinos fuenteovejunos son unos desalmados y unos bárbaros. Pero si descendemos por la trampilla al mundo real, unos y otros son ciudadanos normales, seguramente padres de familia honrados y sin cuentas pendientes con Hacienda, a los que se les ha empujado a una situación extrema mientras el Estado miraba hacia otro lado.

Uno de los doscientos vecinos de Mirandilla que, espontáneamente, a la salida de la misa del Domingo de Ramos, decidió tomarse la justicia por su mano, explicó que durante meses no habían pedido otra cosa que convivencia y respeto, «pero ya no, ya queremos que [los miembros de la familia denunciada] se vayan del pueblo». Se les ha agotado la paciencia. Imagino que a los guardias que vigilan de madrugada la frontera de Ceuta, también. El juez decidirá en su día sobre unos y otros. Y esa misma tarde, como todas las tardes, el BOE recibirá el material para la edición del día siguiente.