ICE no permitió acceder a abogados

Una victoria se apuntaron 130 inmigrantes indocumentados, detenidos en una redada en Van Nuys el pasado mes, al lograr que el gobierno federal les permitiera tener una debida representación legal en el proceso que enfrentan, lo que sienta un precedente para toda la nación.

El acuerdo, que favorece por lo menos a 24 compatriotas, se logró después de que tres organizaciones demandaran a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por no permitir a los detenidos permanecer en silencio y acceder a un abogado en el momento que fueron arrestados y las posteriores entrevistas a los inmigrantes.

Nosotros pedimos hablar con un abogado y nos dijeron que no podíamos hacerlo, ni siquiera el Consulado de El Salvador se hizo presente en el momento que nos estaban interrogando, advirtió una santaneca que solo se identificó como Corina.

La querella legal liderada por la Unión Americana para las Libertades Civiles demandaba que los agentes del ICE se habían negado a permitir el acceso a los representantes legales, violando lo que se conoce como Derechos Miranda. De acuerdo a Angélica Salas, vocera de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), desde el momento del arresto se buscó el resguardo de estos derechos.

Enviamos una carta para informar que los trabajadores tenían representación legal, los agentes ignoraron esto y presionaron a los detenidos a brindar información que podría perjudicar su defensa, o caso migratorio, afirmó Salas.

El ICE confirmó el trato al que se había llegado con la aprobación de un juez federal pero no reveló los términos por ser confidenciales. Para las organizaciones pro inmigrantes este hecho podría marcar un punto de partida en la defensa de indocumentados detenidos en redadas, y que son considerados arrestos colaterales.